Por Pablo Zubiaurre

La expulsión sumaria del Senador Ernesto Kueider como miembro del Senado resulta ser un hecho del que no se conocen antecedentes en nuestro país. Existen sí desafueros a legisladores para permitirle a la justicia su actuación plena, como en los casos de Eduardo Angelóz, Raúl Ochoa o Julio De Vido, suspensiones hasta que se determine el tenor de alguna situación o definitivas como en el caso de Varela Cid, o impedimentos para asumir en casos de comprobada participación en casos de candidatos con comprobada colaboración con la Dictadura militar y su política de represión ilegal, como podrían ser los casos de Luis Patti o Antonio Bussi. Pero una expulsión, sin que exista en el cuerpo del Senado ninguna documentación oficial, sin la posibilidad para el expulsado de defensa alguna, no solo no conoce antecedentes en nuestra democracia sino que abre un capítulo sobre el que habrá que redoblar la atención.

La actualidad de Ernesto Kueider, la situación en la que fue arrestado, la imposibilidad de justificar en primera instancia el dinero que poseía, hace pensar en una responsabilidad directa en el ilícito. Sin embargo, no se trata de la culpabilidad o no de Kueider, sino del avasallamiento por parte del Senado de un principio sagrado como el que establece el artículo 18 de la Constitución nacional: “Es inviolable la defensa en juicio de la persona y de los derechos”.

El no respeto de los debidos procedimientos podría legalmente traer aparejado el menos deseado de los resultados, como sería que la justicia dejara sin efecto un fallo no por la inocencia del acusado sino por la violación del procedimiento legal. Todos queremos que se pene a los corruptos. No de cualquier forma. Un mal procedimiento quizás sea la única esperanza para el ya ex senador.

En el desarrollo de la discusión hay, evidentemente, muchos temas colaterales. Ninguno de ellos invalida una actuación directa contra Kueider, en el sentido de suspender y despojarlo de fueros para que la justicia actúe, y, a partir de la sentencia judicial o de su aporte de pruebas irrefutables, expulsar al senador si así lo requiriera el caso. De esta forma, la tarea de juzgar aplicando la ley queda exactamente donde debe estar.

Sin embargo, es muy complejo no percibir las situaciones que rodean a la jornada del jueves en el senado que, repito, no redimen a Kueider de la sanción pertinente. La primera de ellas es la “doble vara” de Unión por la Patria, que rechaza el proyecto de “Ficha limpia” protegiendo a su conductora, condenada en dos instancias, espantándose (correctamente) por la figura de un senador que transita por un país vecino con 200.000 dólares, pero, por ejemplo, no por la Causa Vialidad, ni por los 4.600.000 dólares que la justicia encontró en la caja de seguridad de Florencia Kirchner, que no es senadora pero es la hija de la Presidente y no tiene forma alguna de justificarlos. Alicia Kirchner tiene una serie de denuncias y querellas en su contra por corrupción; José Mayans, jefe de la bancada, formoseño, protagonizó un episodio hace un par de años cuando se sustanció el proceso a la ex Presidente Cristina Fernández por la causa Vialidad, y declaró: “¿Queremos paz social? Bueno, comencemos por parar este juicio vergonzoso”. La amenaza evidente tuvo que desandar caminos y finalmente declaró: “Lo que yo dije es que se pare esto, que se vea este reclamo que hace la defensa porque todo ciudadano tiene derecho a la defensa en juicio y que se respete el debido proceso.” Aquí coincido con Mayans, pero parece que es él quien no coincide con él mismo. Es inevitable pensar en aquella famosa y desafortunada frase de Perón: “Para los amigos, todo; para los enemigos, ni justicia”.

Y es que Kueider fue uno de los que se cambió de bando para aprobar la Ley bases, abandonando el bloque de UxP, y esas cosas son difíciles de perdonar para algunos. La expulsión implica el ingreso de una senadora camporista y la recuperación de un miembro de bloque. Final feliz.

¿A qué costo se cambió de bando Kueider? No es fácil saberlo pero descuento que en el oficialismo habrá quien conozca el tema con precisión. Mayans advirtió ayer que lo mejor para Kueider es no asomar la cabeza porque su integridad no puede garantizarla nadie. Seguro haya a quien no le convenga que Kueider hable.

Y está el caso Parrilli. La Presidente del Senado pidió su suspensión por estar procesado en la causa por el Memorándum de Entendimiento con Irán. La causa implica el encubrimiento y la seguridad de impunidad para los autores del más grande atentado de la historia argentina, con ochenta y cinco muertos y un centenar y medio de heridos. Un delito de una gravedad incomparable con un contrabando que está muy mal, pero no tiene equivalencias con aquel del que se acusa a Parrilli. El mismo senado, ejemplar en un caso, acá no logró los votos para la suspensión. Las garantías que tuvo Parrilli no existieron para Kueider.

Los pormenores de la discusión dejaron al descubierto en muchos casos la irregular manera de tomar decisiones por parte de los legisladores, pensando en ocasiones en conveniencias particulares, o en la respuesta de la prensa o la opinión pública antes que en una decisión a conciencia de acuerdo a lo que la ley y los procedimientos determinan, que son nada menos que los caminos de la República. Un enorme cinismo fue el marco del debate.

El Presidente de la Nación, Javier Milei, en un nuevo exabrupto autoritario y demagógico hizo público su juicio afirmando que “Lo tienen que echar a patadas”, una intervención natural para un ciudadano en un café, pero impropia para quien ocupa su cargo. En el trasfondo de este tipo de declaraciones, siempre se deja ver un muy dudoso compromiso con el respeto por las Instituciones republicanas, que no solo existen sino que tienen procedimientos establecidos.

La primera reacción oficial, apenas un minuto después de que la mayoría de los senadores votara por la expulsión de Kueider, corrió por cuenta de Santiago Caputo, que a las 16.29 publicó, en una de las cuentas de la red social X que le adjudican -@MileiEmperador-, la siguiente conclusión: “Hoy se decreta el fin de la República en el Senado de la Nación, bienvenido sea, avanzaremos, TMAP”. (La sigla quiere decir “Todo marcha de acuerdo al plan”) Milei emperador, fin de la República, marchar de acuerdo al plan, no respeto por los procedimientos republicanos, componentes todos que no pueden menos que preocuparnos. Mucho.

Kueider, seguramente sea un atorrante que deba terminar preso; pero cuando dice que “es inaudito que el Senado no quiera escuchar mi versión de los hechos”, tiene razón. Existe un debate sobre si la flagrancia habilita a usar el artículo 69 de la C.N. o si el artículo aplicable es el 70. Si hubiera una confesión de parte, un hecho irrefutable, la historia sería otra, quizás. Pero Kueider dice que sí declaró el dinero, que no estaba en su mochila, y que tiene pruebas de lo que dice. Es muy probable que sea mentira, pero eso no puede saberse hasta que lo determine un juez ante su defensa. Parrilli declaró que “había conductas inmorales muy claras y no cabía otra cosa”. Tantas veces las ha habido con él y los suyos y sin embargo nunca se los condenó sin juicio.

La misma Presidente del Senado habló claramente de la doble vara: “Mientras el senador no sea de ellos o la banca les sirva, sus senadores votan siguiendo la destitución y la expulsión de un senador. Ahora, cuando se habla de ellos, con hechos tan graves como para estar procesados, directamente esto no se trata”. El kirchnerismo celebra porque ahora cuenta con una nueva integrante en su interbloque y llegará a los 34 senadores. Fue el gran ganador de la jornada.

En definitiva, el Senado votó ayer en contra de los procedimientos debidos, exponiendo el resultado final a una revisión de la justicia, desconociendo principios básicos y abriendo una puerta para que la mayoría pueda hacer un uso discrecional de la ley. Con un presidente que no simpatiza con la república y un bloque UxP que cuida a los suyos y goza de una abultada mayoría, el resto queda expuesto. Hoy fueron por Kueider, a quien nadie va a defender. Mañana, quien lo sabe. Es inevitable pensar en aquel aforismo de Bretch que luego de mencionar a todas las víctimas que el régimen gobernante se había llevado antes sin que le importara, supo que en ese momento venían por él, pero ya era demasiado tarde. El precio de normalizar procesos indebidos puede ser altísimo.

Y a esta altura, deberíamos saberlo de memoria.