La suba del dolar refleja no sólo los desajustes del modelo económico de Cambiemos sino la endeble situación financiera y patrimonial por la que atraviesa el Banco Central y el Tesoro.

El gradualismo económico adoptado por el presidente Macri y prohijado por los ministros Prat Gay y Marcos Peña dejó indemnes las causas del déficit fiscal y provocó una retroalimentación de la inflación por las inconsistencias en el balance del Tesoro.

Las multimillonarias obligaciones derivadas de las operaciones de dólar futuro que pergeñaron Axel Kicillof y Alejandro Vanolli con la venia de Cristina Fernández, dejaron al Banco Central en una delicada posición patrimonial.

Los incrementos en el gasto público -a pesar de la caída en el pago de subsidios que se cubrió parcialmente con los ajustes de tarifas, del aumento del endeudamiento interno y externo y del eventual beneficio por el blanqueo de capitales-, resultan superiores a los ingresos que puede colectar el Fisco y obligan al BCRA a aumentar su asistencia financiera al Tesoro.

La suba en las tasas de interés resultó efectiva para moderar el ritmo inflacionario pero no suficiente para eliminarlo. Esta política llevó a profundizar la caída en el nivel de actividad económica, tal como lo demuestran las nuevas estadísticas oficiales.

El efecto logrado por el gradualismo provocó que se mantenga el status quo heredado del kirchnerismo: la actividad privada financiando los dislates de la política. Esto lo sufren tanto las empresas como los trabajadores.

Los anticipos impositivos, la falta de ajuste de los balances por la inflación como de las bases imponibles de ganancias y de los montos de facturación de los monotributistas implican una brutal transferencia de recursos del sector privado a la política.

Una muestra de este aumento de la presión tributaria encubierta se evidencia en el mínimo no imponible de ganancias, fijado en la popularmente conocida “Tablita de Machinea”. Si se ajustara por inflación ese importe desde 2000 hasta hoy, todos los trabajadores que cobraran menos de 120.000 pesos de sueldo quedarían exentos del gravamen. El gobierno fijó ese piso en apenas 30.000 pesos, un umbral que es superado por los ingresos de muchos trabajadores convencionados.

Las remesas a las provincias, las asistencias financieras de urgencia al interior y el crecimiento del endeudamiento provincial, son otro factor que contribuye a la suba del gasto.

Al cabo del primer semestre, la situación es similar a la de diciembre: una economía en recesión, gasto público por las nubes y un excedente monetario que no puede ser neutralizado.

El BCRA apeló a todo su instrumental quirúrgico para frenar la hemorragia monetaria pero el Tesoro requiere de mayor asistencia de liquidez para financiar un gasto público tan creciente como ineficiente.

Macri dejó indemnes las causas de la inflación: el desborde del déficit fiscal, el cual, vía monetización o vía endeudamiento alimenta la inflación que se sitúa en el 30 por ciento en la primera mitad de año y en un 45 por ciento anualizada, con una persistente caída de la actividad económica.

Ahora, el BCRA enfrenta una doble encrucijada. Por un lado, deberá asistir al Tesoro con mayores fondos, por otro lado, deberá neutralizar con una mayor emisión de LEBAC los excedentes monetarios e intentar bajar la tasa de interés para no enfriar aun más la economía.

¿Hasta cuando el mercado renovará los vencimientos de LEBAC -un stock que ya ronda los 35.000 millones de dólares-, si el BCRA baja la tasa de interés?

¿Qué ocurrirá si el mercado no renueva esos vencimientos y le pide al BCRA los fondos de esas LEBAC que no son otra cosa que los depósitos de los ahorristas?

DyN.