Varias remeras y camperas superpuestas sobre el cuerpo, artículos electrónicos escondidos en sillas para bebés y la excusa de que 40 pares de zapatillas son necesarios para abastecer a una familia numerosa fueron algunos de los ardides o argumentos a los que recurrieron habitantes de Tierra del Fuego para ingresar al país productos adquiridos durante la Semana Santa en Chile sin pagar aranceles.

Esas escenas se vieron en el paso fronterizo de “San Sebastián”, que divide Argentina de Chile en Tierra del Fuego, durante el regreso de los tours de compra realizados al país vecino con motivo del feriado largo.

La empleada de la Dirección General de Aduanas y miembro del Sindicato Único del Personal Aduanero (Supara) Silvia Gómiz, dijo a Télam que muchos de los fueguinos que viajaron a Punta Arenas, en Chile, pretendieron eludir el pago de aranceles o ingresar mercadería de contrabando en el momento del regreso al país, lo que derivó en algunos incidentes con “insultos y maltrato” al personal apostado en la frontera.

La funcionaria explicó que los hechos de mayor tensión se registraron desde el sábado a la tarde, cuando unas 3.000 personas que habían salido de la isla entre miércoles y jueves comenzaron a volver a territorio nacional y ello originó largas filas de vehículos en el ingreso y la salida del paso fronterizo.

Gómiz detalló que los procedimientos se realizaron en un clima de tensión, con automovilistas pasándose unos a otros en la fila, chocando o tocando bocina “como si nosotros tuviéramos la culpa de la aglomeración o del tamaño reducido del edificio” de taención, indicó.

“Cuando los mandábamos a pagar el arancel muchos nos insultaban o nos faltaban el respeto. No escuchaban ni a los gendarmes. Es curioso, porque esas mismas personas después van a Chile y se comportan de otra manera”, ironizó la delegada del Supara.

“La gente tiene que entender qué puede traer y nosotros tenemos que cumplir con nuestra función de cobrar lo que corresponde. Este es un paso fronterizo especial, donde rige una ley de promoción fiscal. Eso también vuelve más lento el procedimiento”, justificó la agente aduanera.

“Como ocurre en este tipo de situaciones, tanto la Aduana como Migraciones y Gendarmería habían reforzado la dotación de personal, pero había gente que volvía sin intención de ser controlada y cometiendo todo tipo de irregularidades”, contó Gómiz.

La agente aduanera señaló que al salir del país se les había recordado a los viajantes la franquicia de 150 dólares de la que disponen en forma personal para ingresar mercadería comprada en Chile, así como los elementos que están prohibidos para su ingreso a territorio nacional (como muebles o repuestos de autos) y la necesidad de declarar la salida de artículos electrónicos nuevos (como teléfonos celulares o computadoras) para no tener inconvenientes al momento del regreso.

“Nade de eso parece haber servido porque encontramos desde gente que se pasaba de los 150 dólares permitidos hasta el pícaro que te esconde las cosas. Personas con tres o cuatro camperas puestas, o con una remera arriba de la otra. Artículos electrónicos adentro de las puertas de los autos, en los motores, debajo de los asientos o disimulados en las sillas de los bebés”, relató Gómiz.

También mencionó que algunos viajantes decían llevar “dos o tres cositas” y después aparecían cantidades insólitas como “30 o 40 calzas o 30 o 40 zapatillas y pretendían justificarlo diciendo que eran una familia numerosa”.

En otros casos detectados por la Aduana, los artículos electrónicos venían dentro de su funda original, junto con los cables de alimentación, e igual se negaba que fueran nuevos.

“Cuando se descubre una cantidad de un mismo producto y se presupone un fin de lucro, directamente la mercadería se incauta. Se labra un acta y después la persona pagará una multa o enfrentará un proceso por contrabando. Es evidente que hay gente que trae para vender”, evaluó Gómiz.

Desde otra perspectiva, Gómiz consideró que más allá de la ventaja económica de traer productos desde el exterior, a la gente le cuesta someterse a controles de este tipo.

“Los argentinos tenemos que aprender a respetar las leyes. Toda la gente que yo vi era pensante y preparada, pero reacia a cumplir las normas. El problema es que casi nadie quiere ser controlado”, reflexionó la funcionaria.