“Me mandé una cagada. Maté a uno”, dijo cuando volvió a la precaria casilla que su familia ocupaba en el barrio Jorge Newbery. Después se fue y nadie volvió a saber de él por más de un año.

Braian Alfonso llegó a ser considerado un fantasma para algunos de los investigadores que lo buscaron intensamente desde agosto de 2020, cuando se produjo el homicidio de Walter Darío Pérez (31), hasta enero de 2022, cuando acabaron por detenerlo. Ninguno de ellos podía entender cómo una persona en situación de calle persistía en evitar su captura, sin ningún recurso que le asegurara la subsistencia.

En efecto, y sin embargo, el joven lo logró durante un lapso de suma relevancia que le habría despertado envidia hasta el más rico de los fugitivos. Pero como se sospechaba, tarde o temprano caería. Y ahora, entre el 5 y el 6 de febrero de 2024, será juzgado en el Tribunal Oral Nº 2.

Braian Gabriel Alfonso.

El homicidio de Pérez fue cometido en horas de la madrugada del 20 de agosto de 2020, en la plaza Güemes, ubicada en Roca y Buenos Aires. Allí, Alfonso y Pérez, ambos indigentes, solían pasar las noches de aquél invierno de  desolación pandémica.

Según los vecinos, los dos se ubicaban debajo del mismo árbol cada velada y sobre un colchón viejo tomaban vino y fumaban cigarrillos. Habitualmente, no tenían problemas con nadie y hasta los habitantes de la zona colaboraban con ellos dándoles alimentos y ropa vieja.

Pero todo cambió cuando la noche del miércoles 19 de agosto se convirtió en madrugada del jueves 20. En algún momento no precisado, entre las 0 y las 3, Pérez fue asesinado.

Como la temperatura había sido una de las más bajas en todo el año, cuando al otro día se descubrió su cadáver -hasta ese momento no identificado, porque no tenía documentos- los testigos pensaron que se trataba de una muerte natural, producto del frío. Pero todo cambió cuando arribó al lugar la Policía Científica y los peritos descubrieron que el cuerpo inerte presentaba golpes y lesiones, y una parte lucía carbonizada.

Walter Darío Pérez fue asesinado en este sector de la plaza Güemes en la madrugada del 20 de agosto de 2020.

El fiscal Leandro Arévalo tomó intervención en la investigación y ordenó al personal de la comisaría segunda -con jurisdicción en ese sector de la ciudad- que tomara declaraciones y recabara datos para reconstruir si había sido un accidente o si se trataba de un crimen, y quién era la víctima. Finalmente, la autopsia desestimó la primera opción y los testimonios de los vecinos echaron luz al asunto: se habían escuchado ruidos y discusiones cerca de las 2 de la mañana.

De esta forma, los pesquisas se abocaron a buscar en la zona al otro indigente, e incluso concurrieron a los lugares por los que solía deambular. Pero al no encontrarlo y seguir con el análisis de las pruebas recogidas, determinaron que en realidad el único sospechoso por el homicidio era él.

Por después, víctima y presunto victimario fueron identificados y se iniciaron los operativos para encontrar al sospechoso.

El fiscal Arévalo dispuso más medidas investigativas en los días siguientes: entre ellas, pidió allanar la casilla del barrio Jorge Newbery en la que vivían la madre y la hermana de Alfonso, una adolescente de 16 años que sufre una discapacidad motriz y que dijo que vio al acusado en la mañana del 20 de agosto. A ella le habría confesado “la cagada” al pasar brevemente por la vivienda, según supieron luego los uniformados.

El investigador también ordenó a la policía recorrer los comedores, hogares de asistencia y templos religiosos en los que Alfonso solía pedir comida. Pero ninguno de los procedimientos dio resultados positivos.

Para el 27 de agosto, una semana después de ocurrido el crimen, el principal acusado del crimen de Pérez se había esfumado. En ese momento, los pesquisas ya sabían que tanto Alfonso como la víctima tenían antecedentes penales.
Para los investigadores, la caída de Alfonso iba a producirse de un momento a otro, ya que habían obtenido su orden de captura el viernes 22 de agosto. A más tardar, pensaban, el fin de semana estaría preso en la cárcel de Batán.

Pero no: la búsqueda se hizo más extensa de lo que imaginaban y si bien consideraban que el acusado estaba al caer, nunca tuvieron datos precisos de su paradero.

Según pudo saber ahora LA CAPITAL, para fin de año -en la previa de Navidad– surgió el dato de que Alfonso podía estar escondido en la casa de su tía, ubicada en otro sector de la ciudad que las fuentes optaron por no precisar. Entonces, allanaron el inmueble y también volvieron a la casilla de la madre del acusado, pero nuevamente fracasaron en su búsqueda.

En ambas oportunidades, los uniformados tomaron conocimiento -visual y verbal- de las condiciones infrahumanas en las que vive la familia de Alfonso.

“Este chico estuvo internado en el área de Psiquiatría del HIGA (Hospital Interzonal General de Agudos), porque tuvo muchos problemas de drogas. Pero no de drogas tipo cocaína o marihuana, sino problemas de adicción al paco, la nafta o el poxiran…”, le dijo entonces un informante a este medio. La misma fuente contó que, a pesar de la gravedad del hecho que cometió, Alfonso “no es un delincuente peligroso”.

Los investigadores sospechaban que el prófugo deambulaba por las calles de la periferia de la ciudad y que se alimentaba de desechos de comida que encontraba en basurales. Al menos esos datos habían obtenido tras consultar a otras personas en situación de calle que conocían a Alfonso de frecuentar centros de asistencia, hogares o templos religiosos en los que se ofrece ayuda solidaria. “Desde que pasó esto no apareció más pero algunos lo vieron pateando las calles. Es lo único que se sabe”, señaló entonces la misma fuente.

Y agregó: “Tiene algunas causas de hurto nomás, no es un ladrón ni nada por el estilo. Es una persona absolutamente excluida del sistema”, agregó en el mismo diálogo.

El 21 de enero de 2022 finalmente la policía detuvo a Alfonso. Ahora, los jueces Néstor Conti, Alexis Simaz y Roberto Falcone deberán determinar si al momento de los hechos era consciente de sus actos y si cabe o no la decisión de dictarle una medida de seguridad, ya que, de resultar inimputable, no será condenado a prisión.