Por Ramiro Melucci

No hay dudas de que Hernán Mourelle desembarcó en Mar del Plata para desbrozar el presupuesto y ajustar las cuentas. Eso implica ahorrar donde podría haber gastos superfluos e incrementar la recaudación allí donde otros no previeron hacerlo. La revisión del contrato de los combustibles para los patrulleros y la renegociación del acuerdo por el fútbol de verano son ejemplos de esas intenciones. Hay varios más.

A esa fuerte apuesta financiera, el funcionario recomendado por el Ministerio de Economía bonaerense para controlar las arcas municipales le suma una marcada intención por no esquivar asuntos espinosos. Su embestida contra la cúpula del Sindicato de Trabajadores Municipales y su primera definición de que la empresa 9 de Julio es “una cáscara vacía” lo atestiguan.

Mourelle combina esa impronta política con un estilo que incomoda por igual a concejales oficialistas y opositores por su inconmovible indiferencia a las costumbres. Presentó el presupuesto sin anuncio ni ordenanza complementaria. Abrió la audiencia pública sin hacer una presentación del proyecto. No concede notas periodísticas ni convoca a conferencias de prensa ni para dar detalles de sus propias iniciativas.

Es probable que, hasta ahí, sea lo que le hayan pedido cuando asumió su misión. Que pode el gasto y no se exponga más de lo necesario. Hasta ahora enfrentó las cámaras en un puñado de ocasiones. A principios de noviembre, cuando acudió al llamado de la comisión de Hacienda para brindar un panorama de la situación financiera del municipio –y los concejales lo pudieran conocer porque casi nadie lo había tratado–. Unos días después, cuando lideró una fuerte ofensiva contra el secretario general de los municipales y sus principales dirigentes. Y el último jueves, cuando encabezó una audiencia pública que es obligatoria para responder inquietudes sobre cómo el municipio usará los fondos municipales el año que viene.

Sucede que, al margen de esa tarea, se esperaba que su llegada apagara los cortocircuitos con el gobierno bonaerense. Pero eso no ocurrió. Al contrario: los malentendidos parecen incrementarse a una velocidad inusitada.

Apenas nueve horas pasaron desde que Mourelle defendió a rajatabla la intención de quitarles beneficios fiscales a los propietarios de cines y teatros y el Ministerio de Economía bonaerense lo desautorizó. ¿Era evitable el papelón? Demasiado: hacía más de 20 días que LA CAPITAL había revelado que la ordenanza fiscal preveía dejar sin efecto las exenciones concedidas a los cines y teatros radicados en Mar del Plata. Y fue casi inmediata la versión de que la Provincia se oponía a esa reforma, que ya había generado duros reproches de reconocidos productores teatrales.

La semana pasada, Mourelle estuvo en La Plata, según reveló el martes el intendente cuando le pidió tolerancia a los guardavidas en la puerta de la municipalidad. ¿Olvidó consultar si la versión de que la Provincia no aprobaba la quita de exenciones a los cines y teatros era valedera? ¿Le restó trascendencia? ¿La consideró apócrifa? ¿Nunca la leyó? Imposible saberlo. Lo único claro es que el secretario no volvió de la capital provincial con la información necesaria para esquivar el grotesco.

Lo menos congruente fue que, en su defensa acérrima del proyecto, tildó de “millonarios” a los dueños de teatros cuando había sido un teatrista independiente, que promueve espectáculos a la gorra, el que le había solicitado piedad. Pero no hubo distinciones: en la bolsa entraron todos.

El episodio de los teatros fue tan difícil de comprender como el del Ministerio de Seguridad. La serpenteante secuencia empezó a principios de diciembre. Seis días después de que Arroyo viera al ministro Ritondo, el secretario de Seguridad municipal, Fernando Telpuk, dijo que se había consensuado la suspensión de la provisión de combustible a los patrulleros por parte de la comuna. El Ministerio reaccionó con la orden de que sólo se utilizara Policía Local para custodiar edificios municipales siempre y cuando se pagaran las horas adicionales. Arroyo, enfurecido con la policía bonaerense porque no respondió a su llamado para custodiar el basural, firmó un decreto para que la Policía Local sea la encargada de vigilar las dependencias.

En ese decreto, rubricado además por Mourelle y el secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, se especifican las razones por las que el jefe comunal tendría potestad para encomendar tareas a la Policía Local. El Ministerio, que paga los sueldos de esa fuerza, autorizó que haya efectivos en los centros de salud como medida excepcional hasta que termine el verano. En ese marco de contradicciones, Ritondo prevé visitar la ciudad esta semana para lanzar el Operativo Sol.

En suma, nadie pone en duda las capacidades técnicas que pueda tener el secretario de Economía para apelar a todas las herramientas que estén a mano para que el municipio salga a flote. El problema, desde que llegó, es que ha hecho más ostensible la carencia de un contrapeso político. ¿Quién debe decidir si a los teatristas hay que ayudarlos o no en una ciudad turística? ¿Quién si la tradición del fútbol de verano debe o no correr riesgos? ¿Quién si hay que destinar el Fondo de Promoción Turística a guardavidas y policías? ¿Quién si hay que revisar la colaboración con la Policía cuando perdura el clamor de seguridad? ¿Quién si es conveniente disminuir el porcentaje destinado a la Dirección de la Mujer en momentos en que se mantiene la emergencia en violencia de género? El recién llegado Mourelle, un hombre entre cuyas virtudes no aflora el tacto político, seguro que no.