“Haz lo que yo digo pero no lo que yo hago”. El ex intendente Carlos Arroyo y el ex secretario de Gobierno, Alejandro Vicente –junto a otros ex funcionarios del gobierno anterior-, reclaman a las actuales autoridades que les liquiden las vacaciones no gozadas.

En el caso de Arroyo, se trata de una suma superior al millón de pesos, correspondiente a los dos últimos años (lo máximo que se puede reclamar), mientras que en lo referente a Vicente la suma ascendería a 700 mil pesos, aproximadamente.

Como detalló LA CAPITAL, además de Vicente, que lo acompañó durante toda la gestión, otros ex funcionarios como el ex secretario de Economía, Hernán Mourelle, y el ex secretario Legal y Técnico, Gustavo Gil de Muro, también formularon el reclamo correspondiente, que no prosperará, según funcionarios actuales. “Que vayan a juicio. En el marco de esta crisis es imposible abonar eso que están pidiendo”, aseguró una fuente de la actual gestión.

Pero lo paradójico del caso es que justamente Arroyo y Vicente,  el 25 de julio de 2016, firmaron el decreto 1683 que suspende ese pago que hoy reclaman.

El artículo 1 de tal decreto señala textualmente: “Congélanse a partir de la fecha, por el término de 120 días corridos, los cargos vacantes existentes en la planta estable de personal y los que se produzcan a futuro, en la administración central y entes descentralizados, con excepción de aquellos servicios esenciales e indispensables, los cuales deberán contar con la debida justificación, a través del dictado del acto administrativo pertinente”.

El artículo 2, en tanto, establece que “asimismo, suspéndase a partir del 1 de agosto del corriente año, por el mismo plazo estipulado en el artículo 1, el otorgamiento de horas extras, ampliación de módulos horarios y el pago de licencias no gozadas al momento en que cesan los agentes en sus funciones”.

Al pie del decreto aparecen las firmas del ex intendente Carlos Arroyo y el ex secretario de Gobierno, quienes ahora reclaman un millón de pesos y 700 mil pesos, respectivamente, por sus vacaciones no gozadas durante el ultimo tramo del gobierno anterior.

Al margen de existir una normativa que avala el pedido, desde el municipio, en el marco de la crisis económica en medio de la pandemia por el coronavirus, ya dejaron en claro que no se efectivizarán los pagos –nunca un ex intendente realizó un reclamo de estas características- dejándole la puerta abierta a los ex funcionarios a que desarrollen los pedidos a través de la vía judicial, en caso de que insistan con estas solicitudes que, claro está, merecen el repudio de la mayoría de la ciudadanía.