por Ramiro Melucci

La licitación para ampliar, operar y mantener el predio de disposición final de residuos, una obra clave en materia medioambiental, está indefinida y sin financiamiento. Pese a que la semana pasada el pliego logró el aval de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo Deliberante, tanto el gobierno municipal como la oposición saben que sólo se trató de un gesto de buena voluntad de los concejales.

La administración municipal envió el pliego al Concejo en enero. Incluye la construcción de los sectores B y C del módulo 1, la operación y mantenimiento del predio y el diseño y operación de una planta de tratamiento de líquidos lixiviados. El presupuesto oficial de la obra, calculado en octubre del año pasado, era de $ 94,3 millones (con un plazo de ejecución de un año), mientras que el de la operación y el mantenimiento ascendía a $ 206,7 millones, con una duración de dos años y una opción de prórroga por otros dos.

Pero todo está sujeto a revisión. Es que el gobierno local aún no definió de dónde saldrán los fondos para llevar adelante la licitación. “Estamos haciendo las consultas correspondientes a nivel institucional, con la Nación y la Provincia, para ver si tenemos la posibilidad de lograr el financiamiento”, dijo ayer a LA CAPITAL el presidente del Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur), Eduardo Leitao. “En caso contrario, lo que estamos estudiando es la posibilidad de incluir en el pliego la alternativa de que lo financie la empresa oferente, como se ha hecho en otras ciudades”, señaló.

Si esta última opción es la que finalmente se impone, en el Emsur saben que habrá que ampliar el plazo de operatoria para que la empresa “recupere el capital invertido”. Otra opción, acaso suicida desde el punto de vista político, es financiar la obra con un aumento de la tasa por la gestión de los residuos (Girsu). “Tendríamos que estar pagando una cuota muy importante y sería imposible pagar”, reconoció Leitao sobre la consecuencia que esa alternativa tendría entre los vecinos.

La urgencia

“Todas las proyecciones decían que esta ampliación era necesaria para mediados de este año, porque ya se está terminando la capacidad de recepción de los residuos en el módulo 1 de los dos que hay”, explicó Marcelo Fernández (Acción Marplatense), presidente de la Comisión de Medio Ambiente del Concejo. “La altura de la montaña de basura ya resulta peligrosa para las maquinarias y los camiones que ingresan”, advirtió.

Leitao lo admitió: “Esto sí o sí se tiene que hacer”. Según las estimaciones que realiza con su equipo de trabajo del Emsur, la licitación podría definirse para fin de año y la nueva operatoria comenzaría en 2018. Por lo tanto, habrá que extender una vez más el contrato con la actual operadora, que está vencido y la última prórroga vence “en junio”, indicó el funcionario.

Fernández se irrita cuando habla de los tiempos que demandó el envío del pliego al Concejo. Según recordó, en diciembre de 2015, cuando terminó el gobierno de Acción Marplatense, “había quedado preparado, casi listo”, pero la nueva administración recién lo elevó a principios de este año. “Como si no hubieran terminado de entender que es el principal expediente sobre medio ambiente que tiene el municipio”, lanzó.

El edil mencionó que la primera reunión del año de la comisión tuvo como escenario el propio predio: “Hicimos consultas con ingenieros que habían elaborado el pliego. Quedó claro que para mayo ya debería estar trabajándose en la ampliación”.

De otra reunión, ya en el Concejo, participó Leitao. “Le pedimos que evaluara modificaciones y se comprometió a traer esa información. Lo más importante es el financiamiento. Son 300 millones de pesos que la municipalidad, por supuesto, no tiene la capacidad de disponer”, apuntó Fernández.

¿Por qué sin esas precisiones la comisión avaló el pliego?

“Todos sabemos que el predio se va colapsando y no queremos obstruir el trámite”, explicó el concejal de Acción Marplatense, y recordó que el expediente aún debe ser tratado por las comisiones de Obras, Legislación y Hacienda.

En el mismo tono, el concejal Cristian Azcona (Frente Renovador) marcó en la semana que “sin presupuesto garantizado no se puede licitar”, subrayó que el pliego “no establece de dónde saldrán los fondos” y propuso que en el nuevo contrato se estipule un plazo “de por lo menos 10 años para establecer un trabajo bien definido y sostenido en el tiempo”.