Una organización que se dedicaba a falsificar documentación para adueñarse de casas abandonadas y luego venderlas fue imputada por la Justicia Federal luego de que se reuniera la prueba necesaria para considerar que los profesionales involucrados había cometido un delito.

En total, fueron procesados 14 de sus miembros entre los que se encuentran dueños de inmobiliarias, abogados y martilleros públicos.

Los acusados se encuentran en libertad y a partir de julio deberán presentarse a declaración indagatoria por ser considerados como responsables del delito de  “falsificación de documento destinado a acreditar identidad y estafas”.

Dos de sus integrantes ya se encontraban con procesamientos firme de la Cámara de Apelaciones por otros casos similares.

Durante la investigación se comprobó que una de las víctimas llegó a pagar 60 mil pesos por comprar una propiedad en el año 2012, mientras que otra además de plata entregó su auto. Por ahora fueron detectadas ocho maniobras realizadas con un “modus operandi” similar.

Según la reconstrucción que realizó el juez federal Santiago Inchausti y que le permitió llamar a indagatoria a los miembros de la organización, las estafas comenzaron en diciembre del 2007 y por ahora se descubrieron maniobras similares hasta noviembre del 2013.

En el primer paso, la banda identificaba inmuebles que estuvieran a nombre de una persona y que se encontraran abandonadas. Una vez que lo hacían comenzaba la maniobra fraudulenta para quedarse con la propiedad y luego venderla que incluía la presentación de documentos de identidad, escrituras y todo tipo de documentación falsa.

Durante la investigación, Inchausti develó la modalidad más habitual que realizaba la banda para poder realizar las maniobras. El primer paso lo realizaba uno de sus principales integrantes: era el encargado de obtener los documentos de identidad falsos y de la búsqueda de los inmuebles que tuvieran los requisitos necesarios para poder ser apropiados con facilidad y luego vendidos. El imputado conseguía los datos catastrales, la situación ante Arba y los datos de sus dueños, que por lo general eran personas fallecidas o que no vivían en Mar del Plata.

Una vez terminado ese paso entraba la participación del matrimonio dueño de una inmobiliaria. La mujer es martillera pública por lo que utilizaba su matrícula para gestionar los documentos necesarios para simular la licitud de las operaciones de venta que realizaban.

En ese contexto, otro de los miembros de la organización se presentaba con un colaborador de la inmobiliaria y se ocupaba de conseguir los posibles “clientes” (en realidad víctimas)  y de prestar su nombre para la firma de boletos de compra venta y otros documentos.

Una vez que esto se producía entraban en acción los otros integrantes. Un hombre se ocupaba de hacer de intermediario entre las operaciones inmobiliarias y se ocupaba de conseguir potenciales compradores, mientras que otro cómplice simulaba ser el vendedor de la propiedad. Actuaba bajo una identidad falsa y a las víctimas les decía que la dueña de la casa era una mujer llamada “Blanca” quien en realidad era discapacitada.

Otro miembro que es abogado se encargaba de gestionar y planificar operaciones y así lograr la transferencia fraudulenta de los inmuebles.

Finalmente, otro de los imputados se ocupaba de hacer de potencial comprador o falso vendedor.

En uno de los casos se descubrió que una casa ubicada en Daireaux 1109  había sido usurpada por lo que la organización realizó la denuncia para lograr su desalojo. Lo lograron. Después, una escribana se encargó de certificar la firma de quien decía ser el dueño (era otro de los miembros que utilizaba identidad falsa)  y de permitir de esa forma que otro de los integrantes de la organización pueda quedarse con el inmueble.

Una vez que las estafas fueron descubiertas y denunciadas por las víctimas se realizó un allanamiento en la casa de uno de los principales integrantes de la organización donde se secuestraron documentos de identidad falsos y un importante material para realizar las operaciones con los inmuebles (informes de Arba, informes catastrales, informes de dominio, recibo de haberes de terceras personas y en blanco, fotocopias de escrituras con signos de adulteración).

Ahora todos los acusados deberán presentarse a partir de la primera semana de julio ante el juez Inchausti a declarar.