El fiscal federal Gerardo Pollicita imputó hoy al ex ministro de Planificación Federal Julio De Vido; al ex titular de la AFI, Oscar Parrilli, y al ex secretario Legal y Técnico de la Presidencia durante el kirchnerismo, Carlos Zannini.

Es en el marco de la denuncia por supuesto encubrimiento agravado del atentado a la AMIA hecha por el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y otros acusados.

Además, en un dictamen entregado al juez federal Ariel Lijo, el fiscal ordenó 31 medidas de prueba en la causa, entre ellas el entrecruzamiento de llamados entre la ex Presidenta y todos los imputados del caso, desde enero de 2011 a diciembre de 2015.

El fiscal también requirió los registros de visitas a la Casa de Gobierno y a la quinta presidencial de Olivos en todos sus accesos entre 2011 y 2015, y, también, que se le informe sobre los ingresos a ambos lugares, sede de la actividad de la ex Presidenta, de los demás imputados según el dictamen de 12 carillas al que accedió Télam.

Pollicita pidió investigar a cuatro nuevos acusados a raíz de la denuncia de Nisman por supuesto encubrimiento de los iraníes imputados por el atentado ocurrido el 18 de julio de 1994, a raíz de la firma del fallido Memorándum de Entendimiento con Irán: De Vido, Parrilli, Zannini y a la ex Procuradora del Tesoro de la Nación, Angelina Abbona.

De esta forma, se sumaron a los ya denunciados por el fallecido Nisman en enero de 2015 la ex presidenta Kirchner, el ex canciller Héctor Timerman, el piquetero Luis D Elia, el líder de Quebracho Fernando Esteche, el diputado Andrés Larroque, el ex juez Héctor Yrimia, el presunto espía Allan Bogado y el sindicado como nexo con Irán, Jorge Khalil.

Según explicaron a Télam fuentes judiciales, la decisión de incluirlos en la investigación pese a que Nisman no los denunció, se tomó tras acceder a las escuchas ordenadas en el marco de la causa por la investigación del ataque a la AMIA y determinar que los cuatro aparecen nombrados en reiteradas ocasiones y bajo distintas circunstancias vinculadas a la investigación.

De hecho, el fiscal aguarda informes pedidos a organismos oficiales para determinar si amplía aún más la imputación a otros ex funcionarios kirchneristas.

Entre la batería de medidas de prueba dispuestas por Pollicita -en quien Lijo delegó la investigación- figuran pedidos a las compañías telefónicas sobre los números registrados por los investigados desde el 1 de enero de 2011 al presente y, una vez recibida la información, se dispuso “el cruce de los abonados telefónicos con miras a determinar la existencia de conexiones telefónicas y su frecuencia”.

También pidió el registro “de llamadas y mensajes de texto entrantes y salientes -con celdas de activación- de los diferentes teléfonos celulares utilizados y registrados a nombre de Jorge Khalil”.

Además, el representante del Ministerio Público Fiscal solicitó informes al gobierno nacional para determinar si Luis D’Elia prestó funciones en el Poder Ejecutivo Nacional entre 2003 y 2015.

En tanto, al titular de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Gustavo Arribas, le pidió detalle de líneas telefónicas instaladas en el organismo y asignadas a los despachos que ocupó Parrilli entre agosto y diciembre de 2015 y la totalidad de los abonados telefónicos celulares asignados al ex funcionario.

También, los registros de visita a todos sus accesos y sedes entre 2011 y 2015, y si estuvieron en la AFI la ex Presidenta, Timerman, De Vido o algún otro imputado.

Pollicita requirió lo mismo a la Cancillería respecto de Timerman y al Ministerio de Planificación Federal, por De Vido.

La denuncia del fallecido fiscal Nisman se abrió por orden de la Cámara Federal de Casación Penal tras haber sido desestimada por inexistencia de delito por el anterior juez del caso, Daniel Rafecas.

El máximo tribunal penal del país separó del caso al magistrado y resultó sorteado el juez federal Ariel Lijo.