El fiscal federal Federico Delgado imputó hoy al jefe de Gabinete, Marcos Peña, al impulsar la investigación de una denuncia penal a raíz de la decisión de usar la base de datos de la ANSES para la difusión de actos de gobierno.

Delgado pidió al juez de la causa, Sebastián Casanello, que ordene evaluar “la legalidad del convenio de traspaso de datos de ANSES (y todos sus anexos)”.

“La cuestión a desentrañar se ciñe en determinar si la base de datos de la ANSES constituye un recurso del que puede disponer el Estado para difundir los actos de gobierno. O bien, si ello contraviene las disposiciones de la Ley 25.326 (de Protección de Datos Personales)”, evaluó el fiscal.

La denuncia fue presentada por una abogada, Valeria Laura Carreras, luego de conocerse la decisión de usar datos de ciudadanos tomados de la base de ANSES para difundir actos de gobierno.

Delgado pidió que esa evaluación de legalidad del convenio sea hecha por la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales del Ministerio de Justicia de la Nación y, también, por la Procuración del Tesoro. Además, sugirió convocar a “dos expertos más, independientes del Poder Ejecutivo Nacional” para realizar la tarea.

Carreras presentó también un amparo ante el juzgado contencioso administrativo federal 11, a cargo de la jueza María José Sarmiento.

Ante ello, el fiscal pidió además que se envíe ese expediente donde tramita el amparo para “establecer qué se resolvió sobre el fondo del asunto”

En la denuncia, se sostuvo que el convenio para traspasar datos de la ANSES a la Secretaría de Comunicación de la Jefatura de Gabinete de Ministros -publicado en el Boletín Oficial el 25 de julio pasado- violaría “el deber de seguridad inherente a su función específica”.

Además, la denunciante afirmó que el convenio “contradice lo establecido en el Decreto ANSES 230/2007 que específicamente dispone que los datos contenidos en dicha base son de carácter no público y, por ende, sensibles, y en la ley de Protección de los Datos Personales 25.326”, conocida con el nombre de hábeas data.

La semana pasada, otro fiscal, Guillermo Marijuan, había pedido desestimar por inexistencia de delito una denuncia similar que había sido presentada contra Peña por los diputados del Frente para la Victoria Juan Cabandié y Rodolfo Tailhade.

Ambos legisladores denunciaron al funcionario por supuesto “abuso de autoridad”, y “violación de secreto y privacidad” por la base de datos de ANSES pero, en este caso, Marijuan entendió que no había delito y, ahora, el juez federal Ariel Lijo debe resolver si comparte su criterio y archiva la denuncia.

En el mismo sentido pero con respecto a la denuncia presentada por la abogada Valeria Carreras deberá pronunciarse también ahora el juez federal Sebastián Casanello, a quien Delgado le remitió hoy el dictamen en el que se pronuncia a favor de dar impulso a una investigación.