Las mujeres embarazadas que quieran abortar en Hungría deberán ser confrontadas a las “funciones vitales” del embrión, según un decreto que las obligará a escuchar sus latidos del corazón.

El decreto, firmado por el ministro del Interior, Sandor Pinter, entrará en vigencia este jueves y es una muestra del endurecimiento de las reglas para ejercer este derecho al aborto, en sintonía con la retórica del ultraderechista primer ministro Viktor Orban.

El aborto en Hungría es legal desde los años 1950, en la mayoría de casos hasta la 12º semana de embarazo.

Técnicamente, el latido puede apreciarse mediante ecografía a partir de la sexta semana de embarazo y a partir de la semana octava de desarrollo el embrión ya se considera un feto.

Según el decreto, publicado en la Gaceta Oficial con la firma del ministro Pintér, antes de abortar la mujer debe presentar un documento que certifique que “ha recibido información sobre los signos vitales del feto”.

El partido de extrema derecha Mi Hazank, que propuso la iniciativa, recibió con satisfacción la información, dijo la diputada Dora Duro, quien en su perfil personal de Facebook publicó que “durante al menos unos segundos, la madre podrá escuchar al feto antes de que se realice el aborto“.

El partido Coalición Democrática, de izquierda, pidió al Gobierno aclarar si está preparando o no la modificación de las reglas del aborto, por las que la mujer puede optar libremente por la interrupción voluntaria del embarazo, sin más requisitos que su propia decisión.

La ONG Amnistía Internacional calificó la medida de “preocupante retroceso“.

Esta decisión, tomada “sin ninguna consulta”, hará “más difícil el acceso al aborto” y “traumatizará aún más a las mujeres que ya se encuentran en situaciones difíciles“, declaró su portavoz Aron Demeter, citada por la agencia de noticias AFP.

Desde que retornó al poder en 2010, Orban multiplicó las medidas de control de la natalidad, orientando a su partido político, el Fidesz, hacia una visión cada vez más conservadora y religiosa.

La entrada en vigor de una nueva Constitución a principios de 2012 supone que Hungría defiende “la vida del feto desde la concepción”.

Unos meses antes, el Gobierno había financiado una campaña antiabortista con fondos europeos, lo que provocó críticas de la Comisión Europea.