Hotesur: la fiscalía pide rechazar pedidos de sobreseimiento y el Tribunal ya puede resolver
El Tribunal ya recibió las posturas al respecto de todas las partes del caso.

El fiscal ante el Tribunal Oral Federal 5, Diego Velasco, pidió hoy rechazar el reclamo de sobreseimiento en las causas Hotesur y Los Sauces presentado por la defensa de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner y sus hijos Máximo y Florencia.
Con la entrega del dictamen por parte de la fiscalía, los jueces del TOF5 Adriana Pallioti, Daniel Obligado y Adrián Grunberg quedaron en condiciones de resolver sobre el planteo del abogado defensor de la familia Kirchner, Carlos Beraldi, quien reclamó el cierre de las causas sin juicio oral y el dictado de los sobreseimientos por inexistencia de delito, informaron fuentes judiciales.
El Tribunal ya recibió las posturas al respecto de todas las partes del caso, incluidas otras defensas de procesados que se sumaron al planteo y reclamaron los sobreseimientos, por lo cual quedó en condiciones de resolver.
El fiscal Velasco pidió que se siga adelante con los preparativos para el juicio oral y que se le ponga fecha de inicio una vez que concluyan medidas de prueba pendientes, como un peritaje encomendado a especialistas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
Velasco sostuvo que debe hacerse el juicio por los presuntos delitos de “asociación ilícita y lavado de activos”
Por el contrario, la defensa de la expresidenta y actual Vicepresidenta, de sus hijos Máximo y Florencia Kirchner y de los también procesados Romina Mercado y Patricio Pereyra Arandia reclamó los sobreseimientos y el cierre del caso por tratarse de una acusación “injusta”.
“Someter una conducta a juicio cuando se encuentra fuera de toda posible discusión su falta de significación jurídico penal”, como es el caso, según los abogados, “importa un dispendio jurisdiccional y una lesión de los derechos del justiciable que en nada se compadecen con un adecuado servicio de administración de justicia”, sostuvo la defensa en ese escrito.
“Las conductas atribuidas a nuestros asistidos no se encontraban sancionadas penalmente a la fecha de su supuesta comisión”, agregaron.
En ambas causas, que se unificaron cuando llegaron a la etapa de juicio oral, se investigaron presuntos hechos de lavado de dinero a través del alquiler de plazas hoteleras y propiedades pertenecientes a esas sociedades.

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