Por Ramiro Melucci

Axel Kicillof no quiere ser Alberto Fernández. El experimento del Frente de Todos salió mal y uno de los motivos –cree el mandatario bonaerense– es que fue un gobierno sin decisión. Y cuyos socios no mantuvieron en la gestión la unidad política que lograron para ganar la elección.

Algo de todo eso dijo el jueves en el Teatro Argentino de La Plata y otro tanto lo dio a entender. Subyacería la intención de ser el representante del peronismo en la elección de 2027 sin estar sujeto a los condicionamientos de Cristina Kirchner.

En esa tensión quedaron marcadas las diferencias sobre la elección de la provincia de Buenos Aires. El gobernador pretende anticiparla a la nacional y la ex presidenta, que sean el mismo día. “Es una discusión por distritos. Necesitamos que no entre la motosierra en los Concejos Deliberantes y la Legislatura”, aseguró Kicillof. Exactamente lo contrario a lo que el kirchnerismo expuso en una “carta abierta a la militancia”: “El destino de millones de argentinos frente a las reformas económicas y laborales de Milei no se define en un Concejo Deliberante, sino en un Congreso Nacional”.

Al margen de la conveniencia política, entran en danza argumentos prácticos y logísticos. ¿Una elección en un mismo día de la nacional se convertiría, por la incorporación de la boleta única de papel para los cargos nacionales, en un caos interminable? ¿Duraría 30 horas, como pronosticó el diputado kicillofista Gustavo Pulti? Y por otro lado: ¿podrá la Policía Bonaerense, en una elección desdoblada, suplir a las fuerzas armadas y las federales en el operativo de seguridad sin resentir el resto de sus actividades? O, como preguntó en su proyecto la senadora cristinista Teresa García: ¿quién se haría cargo de la elección provincial si la Justicia Federal Electoral no presta las funciones que cubre en cada elección simultánea entre la Nación y la Provincia desde hace 40 años?

Gustavo Pulti, defensor del desdoblamiento electoral en la provincia.

El momento de la definición se acerca. La semana pasada, el kirchnerismo preparó el terreno para sancionar la suspensión de las PASO y, con aliados opositores, añadirle la concurrencia de las elecciones, lo que en el gobierno bonaerense fue interpretado con crudeza. “Un intento de golpe de Estado”, definió ayer ante LA CAPITAL un hombre del gobernador. El martes se reunirá la Cámara de Diputados pero, según pudo saber este diario, no lo hará el Senado. “La presidenta no va a convocar a la sesión. A lo sumo podrán hacer medio golpe”, agregaron en el entorno de Kicillof, y no descartaron la emisión de un decreto que zanje la discusión. “Se están analizando todas las alternativas”.  

En el plano local, los bandos están bien delimitados. Desde la segunda fila del Teatro Argentino aplaudía el jueves al gobernador Raúl Calamante, de la CTA, y Pulti buscaba inclinar la balanza legislativa para una suspensión de las PASO sin aditivos, con el argumento de que nunca en la historia la fecha de la elección la puso la Legislatura. Para ese entonces, el senador Pablo Obeid y los concejales kirchneristas de Mar del Plata habían firmado la carta contra el desdoblamiento, escrita bajo el lema “una sola elección, una sola campaña y un solo mensaje”.

Sería un error interpretar anticipadamente que la interna por el cronograma electoral implicará una ruptura política definitiva. Una vez fijada la fecha de la elección sobrevendrá el capítulo de la conformación de las listas. El kirchnerismo jugó la carta de Cristina candidata por la tercera sección electoral y el gobernador desliza que tiene derecho a serlo. Aun en la divergencia, de un lado y de otro hay alusiones permanentes a la necesidad de la unidad.

Sería un error interpretar anticipadamente que la interna por el cronograma electoral implicará una ruptura política definitiva.

Con los reflectores apuntando al ajedrez bonaerense, el intendente Guillermo Montenegro mueve sus piezas con cautela. Arrimado más que nunca al Gobierno nacional, evitó enviar a algún integrante de su gabinete a una jornada de trabajo sobre la crisis del sector fresquero impulsada por su socio local, Maximiliano Abad. Los senderos empiezan a bifurcarse: cuatro días después, el senador radical fue uno de los que le propinó al Gobierno nacional el golpe decisivo contra los pliegos de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, amigo del intendente.

Para matizar, Montenegro autorizó la presencia en la jornada de trabajo sobre la pesca de algunos representantes del bloque del PRO. Otros se plegaron a los libertarios y pegaron el faltazo, temerosos de que el encuentro deviniese en una andanada de críticas contra Javier Milei. No fue tal cosa. Sin los grandes empresarios, la imagen difirió de la unidad que mostró el sector el año pasado durante la discusión de la Ley Bases. El tono de los reclamos también.

Lo que no hizo el municipio lo hizo la oposición, en especial el kirchnerismo. No solo por los concejales que participaron de la jornada, sino porque también asistió el director del Consorcio Portuario Regional, Marcos Gutiérrez. Quizás por eso extrañó la alusión que el radical Gustavo Pujato formuló sobre el espigón 9, aquel que prometieron en enero de 2021 Fernanda Raverta y el entonces ministro de Economía, Martín Guzmán. “¿Qué le pasa? ¿Encima que venimos acá nos chicanea?”, montaron en cólera en la bancada opositora.

El presidente del Consorcio Portuario Regional, Marcos Gutiérrez, en la jornada sobre la crisis de la pesca en el Concejo Deliberante.

Mientras, el intendente profundiza su discurso contra los “fisuras”. Sucedió hasta cuando se produjo una violación a tres cuadras de la Municipalidad. Lo apasiona, porque lo beneficia en términos políticos, plantear la discusión contra la dirigencia que reclama otra manera de afrontar el problema. “Hablan de deshumanización y estigmatización de gente que no tuvo oportunidades, todo para ayudar a estas parias”, lanzó en uno de sus últimos posteos.

Mañana tendrá una nueva oportunidad para alimentar la controversia: la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realizará en la ciudad su reunión ejecutiva mensual y presentará un informe “sobre la violencia estatal desplegada por el gobierno municipal contra personas en situación de calle” o “que realizan tareas de subsistencia en la calle, como trapitos y cuidacoches”.

Sus integrantes buscarán dar “una clara señal contra estas violaciones de derechos humanos” y contra la “estrategia de persecución y represión contra sectores muy vulnerables de la población”, según adelantaron.

En ese contexto, el Concejo se va aclimatando para un nuevo debate sobre las cuentas municipales. Las rendiciones de cuentas del ejercicio 2024 exhiben un déficit cercano a los $3000 millones, una deuda corriente que aumentó por encima del 100 por ciento, una disminución de los fondos provinciales (cayeron un 55%) y un derrumbe de los nacionales (97,85%). Pero que nadie espere algún reproche oficial dirigido a la Casa Rosada. La amistad de Montenegro y Milei también se construye con silencios.