El juez Saúl Errandonea decidirá en los próximos días si 25 personas acusadas de conformar la temible “Liga” de compradores inmobiliarios llegarán a juicio por primera vez en Mar del Plata.

El pedido del fiscal Alejandro Pellegrinelli, presentado el lunes, se convierte en una pieza judicial de alto efecto, ya que en caso de que la Justicia de Garantías acepte que hay prueba suficiente para resolverlo en un debate oral y público se estaría exponiendo un secreto conocido por toda la ciudad durante varias décadas.

En un párrafo es imposible definir (o resumir) la actividad e implicancia social que tuvo este grupo de personas a lo largo de décadas en Mar del Plata. Fue una maniobra, en ocasiones más coordinada que en otras, para apropiarse de las subastas inmobiliarias, hacer de ellas un negocio multimillonario, fijar la costumbre de una omnipresencia mafiosa, tal como lo calificó el mismo fiscal Pellegrinelli.

“De prosperar la hipótesis, al menos en el Departamento Judicial Mar del Plata se estaría dando el golpe de gracia a un arcaico y antisocial sistema de corrupción que —entre lo privado y judicial, sea por acción u omisión— funcionó con marcados niveles de tolerancia e impunidad durante muchos años”, dice el escrito que consta de 456 fojas.

Pellegrinelli clausuró así una investigación de más de 4 años que además tuvo su réplica en la Justicia Federal donde tramite un expediente por la posible comisión de lavados de activos. Esto obedece al voluminoso flujo de dinero que se manejaba en estas operaciones, las que permitían un margen de ganancia constante tanto por simple comisiones (al interponerse entre un legítimo comprador) o por compra-venta.

Luis Puga, Oscar Larluz y Héctor Monteros fueron señalados como los jefes de la asociación ilícita a pesar de sus descargos en las instancias anteriores. Esta triada de mando fue diferenciada por los investigadores (la labor del CATI a cargo de Javier Pettigiani se sumó a la de Pellegrinelli) por distintos indicadores: no solo fueron aquellos tres los más beneficiados y los que más subastas “ganaron”, sino que además se estableció que eran ellos quienes digitaban a los adjudicatarios de los remates y el valor tope.

El resto de los componentes que en esta etapa logró identificar la Justicia cumplía roles dinámicos. Estaban aquellos definidos como “factores de presión” que actuaban en dos instancias, primero en la puerta del Colegio de Martilleros –allí se desarrollaban las subastas- y luego ya en el mismo salón, si el ingenuo comprador no entendía el mensaje inicial.

Además de esa fuerza de choque había otros (muchos de ellos familiares directos de algunos de los “jefes”) que realizaban su aporte en la gestión de “clientes” como de asistencia financiera, incluso segundos después de culminada la subasta.

Finalmente, entre los imputados más relevantes se destaca el abogado José Luis Gallo. En principio su contribución parecía ser solamente profesional, brindando el respaldo legal necesario para que la “Liga” pudiera funcionar. Sin embargo al allanarse la vivienda de Monteros para la fiscalía se halló prueba que coloca a Gallo en el rol de inversor y de uno de los beneficiados económicamente.

La gravedad de las felonías atribuidas a la “Liga” pudo ser posible gracias a dos grandes actores que, con su pasividad, no contribuyeron en absoluto a erradicar esas prácticas: el Colegio de Martilleros y la Justicia. Por eso, en el final del escrito Pellegrinelli refuerza su pedido con un párrafo antológico: “Lo que en el fondo subyace —más allá del resultado que en definitiva depare el proceso respecto a la responsabilidad individual de las personas que hoy se encuentran sometidas a él— es nada más y nada menos que poner sobre tablas y con todas las cartas en la mesa, la discusión definitiva sobre el carácter legal o ilegal de esta mal afamada organización que, con carta de ciudadanía, actuó monopolizando las subastas judiciales y al mismo tiempo, la posibilidad real y concreta de restaurar la confianza general de la sociedad en este tipo de actos judiciales, pero sobre todo en la Justicia misma”.