Cualquier persona medianamente civilizada, en el lugar del fiscal Carlos Russo, todavía no saldría del asombro. Sin embargo, algunos de los hechos que le toca investigar como el crimen del mecánico Daniel Garófalo o, ahora, el de Pablo Oporto (39), ya han sido naturalizados también en la Justicia.

Es que casi de seguro no existe otro estamento estatal que posea una relación tan simbiótica con la sociedad. De esta forma, situaciones de los más inverosímiles, provocadas por reacciones atávicas del ser humano, pueden ser contempladas por los instructores penales, sin mucha posibilidad de remedio o cuestionamiento, más allá de la que exige su tarea habitual y burocrática.

Claro que los funcionarios judiciales no están en condiciones de corregir semejantes errores en la matriz social y, probablemente, quienes sí debieran intentar hacerlo desde el Estado sean los que menos conectados con la realidad están.

“Tenemos la sociedad con un nivel de deterioro muy significativo. Eso no se recompone de un día para el otro y se necesitan arreglar muchas áreas. Cuando el sistema judicial llega, llega tarde. Y si interviene el sistema penal es porque todos los sectores del Estado previo no funcionaron”, explicó la semana pasada el fiscal Alejandro Pellegrinelli, a cargo de las causas por los crímenes del comerciante Cristian Velázquez (50) y Matías Paredes (26). Y en el caso de Garófalo y Oporto, para Russo, es lo mismo: porque al primero lo mataron personas sin antecedentes penales, en medio de un insólito reclamo por la demora en la entrega de un automóvil que le habían dejado meses antes para reparar, y al segundo en el contexto de una pelea por una deuda de alquiler que no tenía como protagonistas a la víctima ni al victimario.

Cruce fatal

Pablo Oporto murió este miércoles en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA), en donde estaba internado desde el 19 de enero. Ese domingo, hace más de tres semanas, fue baleado en el abdomen tras una discusión que había comenzado antes entre una joven, hija de su pareja, y una mujer a la que ella le había alquilado una casa y a quien le debía una suma de dinero correspondiente a la renta de los últimos meses.

Todo comenzó cuando la propietaria de la vivienda increpó a su inquilina y le exigió el pago de la deuda. Según la reconstrucción del caso que ahora sale a la luz, en ese contexto la joven llamó a su madre para que fuera hasta la propiedad, ubicada en Los Naranjos, entre Ringuelet y Cabrera.

La mujer llegó acompañada de Pablo Oporto. Ambos se unieron al enfrentamiento verbal con la locadora, al que se sumó poco después Mauricio Oporto, hermano de Pablo.

En circunstancias que son materia de investigación, Mauricio habría extraído entonces un arma de fuego y efectuado disparos al aire, lo que motivó que otros vecinos de la vivienda salieran a la calle y lo increparan y le reprocharan su accionar.

Al parecer, y a sabiendas de que el nivel de violencia en la discusión había escalado, el propio Pablo Oporto y su pareja le pidieron entonces a Mauricio que se retirara de allí. Cuando lo hacía, dos hermanos residentes del mismo barrio Las Dalias, identificados como Federico y Marcelo Saralegui, fueron detrás del hombre armado y uno le realizó una especie de tackle que hizo que cayera al piso. Acto seguido, lo redujeron y le quitaron el arma que llevaba consigo.

Al observar esa situación, Pablo Oporto acudió en defensa de Mauricio y fue entonces que uno de los Saralegui le disparó con el mismo arma que le habían quitado a su hermano. Conforme pudo establecer la Justicia en forma preliminar, el autor del ataque habría sido Federico Saralegui, cuyo accionar mientras efectúa los balazos quedó registrado en un video tomado por una cámara de seguridad.

La víctima fue trasladada de urgencia en un automóvil al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) con una herida en el abdomen, por la que fue derivada directamente al quirófano, donde le realizaron una intervención quirúrgica.

Cuando el personal policial del Destacamento HIGA vio la situación decidió demorar al hombre que lo había llevado a la guardia, quien resultó ser su hermano Mauricio. De inmediato al requisarse el automóvil se observó que en el interior había dos armas, una Pistola Browning GS-pa con tres municiones y una pistola Glock. Por ese motivo el hermano, de 41 años, quedó aprehendido y acusado de “portación ilegal de arma de guerra”.

En un primer momento, Oporto no presentaba riesgo de muerte pero su cuadro clínico fue empeorando con el correr de los días hasta agravarse en las últimas horas. Finalmente, en el transcurso del miércoles se confirmó su fallecimiento.

El fiscal Russo, había avanzado en estos días en el esclarecimiento del ataque al punto tal que identificó al agresor como un vecino de Oporto. Sin embargo, debido a que parecía que no iba a haber un desenlace fatal se estaba aguardaban para reunir más elementos de prueba para consolidar la acusación.

La muerte de Oporto apuró el proceso y este mismo miércoles fue detenido Federico Saralegui, acusado de ser el autor de los disparos. A primera hora de este jueves, el sospechoso compareció en Tribunales, donde el fiscal lo notificó de su imputación en la causa caratulada “Homicidio agravado por el uso de arma de fuego”. Posteriormente, se negó a declarar y se dispuso que permanezca detenido en la Unidad Penal Nº 44 de Batán.

Con el crimen de Oporto el partido de General Pueyrredon contabiliza nueve homicidios en lo que va del año, una suma que ya es el 25% de los asesinatos que hubo en todo el 2024.