En esta joven etapa democrática de poco más de treinta años ha resultado y resulta familiar, en cada cambio de gobierno -sea nacional, provincial o municipal- escuchar hablar de la herencia recibida del gobierno saliente.

Podría decirse que esto es natural, pues ampara un tiempo de transición, un período de reacomodamiento hasta establecer el rumbo que el nuevo gobierno quiere dar a su gestión en función de su proyecto político.

Lo cierto es que, este período de reacomodamiento donde parece legítimo excusarse en la herencia recibida, tiene un límite.

Ocho meses después de haber asumido la conducción del gobierno municipal no se advierte con claridad el rumbo fijado en pro de un proyecto político que defina un futuro para el partido de General Pueyrredon.

Peor aún, lo que se advierte es que el gobierno municipal ha comenzado a padecer su propia herencia, mas allá del estado de situación heredado de la gestión anterior con sus errores y aciertos que, como producto de toda gestión humana, los tuvo.

¿Cual es la herencia propia que padece el actual gobierno? Muy simple: el desfinanciamiento de las actividades del municipio a partir de evidentes errores en la generación de recursos propios.

Veamos. Conocido el resultado electoral que dio por legítimo vencedor a Carlos Arroyo, el saliente intendente Gustavo Pulti instruyó a todo su gabinete para que facilitaran la transición al equipo de trabajo designado por el intendente electo. Particularmente respecto de las tareas de elaboración y su posterior aprobación del proyecto de presupuesto que regiría para el ejercicio 2016.

Los días fueron corriendo. Se solicito al Concejo Deliberante prórroga para la presentación, no obstante lo cual el 2015 finalizó sin que el proyecto de presupuesto ingresara, con el grado de incertidumbre que ello ocasiona.

La consecuencia mas grave de esta demora es que la Tasa de Servicios Urbanos (TSU), cuyo vencimiento opera durante los meses de enero y febrero fue emitida a valores del año anterior ya que no había ordenanza que fijara los nuevos valores. Quienes tuvieron oportunidad de cancelar el año 2016 completo, es decir que optaron por el pago anual para beneficiarse con el descuento por dicho pago adelantado, obtuvieron un doble beneficio: el descuento que la ordenanza prevé por tal motivo, por un lado y haber pagado la tasa sin los ajustes que el presupuesto y sus ordenanzas complementarias contemplan para el ejercicio 2016, por el otro.

Esto último ha generado un perjuicio al municipio, ya que dejó de percibir el incremento previsto para esta tasa en todos los casos de aquellos contribuyentes que optaron por el pago anual. A esto se suma una situación de inequidad respecto del vecino que paga en cuotas, ya que este pagará un valor de tasa superior al que pagó el año integro. Si consideramos como hipótesis –con cierto grado de verosimilitud- que paga al contado aquel vecino con mayor poder contributivo, sumamos a la gravedad del hecho un componente de regresividad en la tasa. El que menos tiene, más paga.

El segundo factor que incidió en la cobrabilidad de la TSU fue la incorporación indiscriminada de la valuación fiscal actualizada. Se sabía por simulaciones hechas por el equipo técnico de la Agencia de Recaudación Municipal –ARM- que había numerosos casos en que la actualización de la valuación fiscal en el cálculo de la tasa determinaba incrementos desproporcionados, lo que merecía un análisis pormenorizado de dichos casos. No obstante se tomó la decisión política de incorporarla sin mas. El no haber hecho dicho análisis determinó que un número superior a las dos mil cuentas se encontrara con incrementos desmedidos, dando a lugar a legítimos reclamos y al no pago de la tasa hasta tanto el ajuste de la misma sea resuelto.

El tercer factor es el resultante de una incorrecta lectura de la realidad macroeconómica y su incidencia, tanto en el cálculo, como en la proyección de cobrabilidad de las tasas municipales. Es imposible presupuestar con un mínimo de probabilidad de acierto si no considera en la proyección de recursos y gastos la evolución de ciertas variables económicas. Para el caso: la inflación estimada y el nivel de actividad económica.

Para cuando el proyecto de presupuesto municipal fue presentado para su tratamiento por el HCD, ya se había devaluado el peso en una proporción importante y los índices de inflación habían crecido lo suficiente como para poder proyectar un deslizamiento generalizado de precios que, no solo menoscaba el poder adquisitivo de los salarios, si no también los ingresos de pequeñas unidades económicas.

El resultado de esta omisión o incorrecta lectura de la realidad económica y su proyección es que la TSU compite con otros consumos en la estructura de gastos de las familias de ingresos medios, determinando que se redujera la cobrabilidad en las categorías medias (5; 6 y 7) de la tasa, donde históricamente se cobraba un promedio del 60% y ahora se estima una cobrabilidad del 40%. Esto no sucede en las categorías más altas (8 y 9) donde se mantiene en los porcentajes históricos de cobranza.

Afortunadamente para el este gobierno municipal la Corte Suprema freno el tarifazo, de lo contrario la suerte de la recaudación de la TSU estaba sellada, ya que frente al incremento desmedido de las tarifas, la prioridad de pago de la tasa de hecho pasaba a un segundo plano.

La otra tasa que sostiene la recaudación de recursos propios del municipio es la Tasa por Inspección de Seguridad e Higiene (TISH) que participa casi en partes iguales con la TSU en los montos ingresados. Esta tasa gracias a la eficiencia recaudatoria de la ARM y a que la facturación de empresas de telefonía, bancos y compañías de seguro no ha mermado, ha incrementado su recaudación en un 35% interanual, aproximadamente. No obstante debe observarse que dicho incremento es inferior a cualquier índice inflacionario, que se ubica por encima del 40%. Esto sin duda refleja otro factor de desfinanciamiento de los recursos municipales.

Como puede apreciarse este gobierno municipal ha generado su propia pesada herencia por decisiones que afectan el flujo de recursos propios y que generan un grave desfinanciamiento, comprometiendo la normal prestación de servicios municipales.

¿Que viene ahora? A prepararse los vecinos que pagaron en cuotas a recibir los ajustes de las primeras cuotas del año pagadas a valores del 2015. Se estima que ese ajuste será por encima del porcentaje promedio de aumento de la TSU. Por otro lado, como con eso no alcanza para compensar el déficit que se está generando, ya se está hablando de endeudamiento, que naturalmente quedará como herencia para el próximo gobierno.

Volviendo a las herencia recibidas, es del caso recordar que este gobierno recibió entre enero y mayo la suma de pesos cuarenta millones que el gobierno de la provincia de Buenos Aires adeudaba a la gestión anterior por fondos correspondientes al año 2015 y que no fueron girados en tiempo y forma. Cuando de herencia se trata, debemos registrar activos y pasivos.

Por último recordemos que el actual gobierno recibió como herencia un saldo deudor en el Banco de la Provincia de Buenos Aires del orden de los ciento veinte millones de pesos. A la fecha ese importe casi se ha duplicado y, de mantenerse esa situación, la proyección de intereses que la comuna deberá pagar al final del año será del orden de los noventa a cien millones de pesos. ¿A quien se endilgará esta herencia?

Generando herencias de esta magnitud, seguramente se cumplirán los vaticinios de algún socio político del señor intendente, quien con poco fundamento afirmó hace unos días que: “Mar del Plata es inviable desde hace tiempo”

*Ex Secretario de Economía y Hacienda Municipalidad de Gral. Pueyrredon