Acompañando la convocatoria del Consejo de la Magistratura para cubrir el cargo del juez de primera instancia en los Criminal Federal y Correccional 1, el vicepresidente del órgano, Miguel Alberto Piedecasas, habló con LA CAPITAL sobre los avances en más de un año de gestión, las medidas implementadas para intensificar los controles y la postura del Consejo frente a las denuncias que se realizan contra los jueces.

Ayer, en el séptimo piso de la facultad de Derecho cerca de 40 postulantes realizaron -ver aparte-, una prueba de oposición escrita para cubrir el cargo que se encuentra vacante desde la salida de Alejandro Castellanos.

“Estoy muy contento por que los concursos de la Justicia Federal localizados en el interior del país se realicen en su lugar”, señaló Piedecasas, al tiempo que definió como “un ejemplo” el proceso llevado a cabo en la ciudad, donde se dio una “comunión de trabajo entre el Consejo de la Magistratura, la Universidad, los Colegios de Abogados y la propia Justicia Federal”.

“El clima de tranquilidad que se puede observar, es importante, hace a la transparencia. Los jueces federales deben elegirse de esta manera, el Consejo es virtuoso, se juzgan los antecedentes, se juzga la oposición”, detalló.

Vacantes acumuladas

De todas maneras, el consejero ratificó que la selección de jueces sigue siendo “una preocupación importante”. Los fundamentos esbozados parten de las estadísticas que Piedecasas lleva consigo y puso a disposición de este medio. Los números son simples: desde 2011 a 2014, periodo a cargo de la gestión anterior, el total de ternas elevadas fueron 45, mientras que en los últimos dos años el número ya alcanzó una cifra superior: 72.

“Hemos encontrado el funcionamiento adecuado del Consejo de la Magistratura”, señaló. Pero, pese a reconocer, que “se está avanzando muchísimo en el tema de los concursos”, la preocupación sigue latente.

“Hay distintas aristas, se acumularon 200 vacantes en la gestión anterior porque el Consejo de la Magistratura anterior no rindió en el resultado de la selección de jueces que se necesitan. El promedio adecuado serían 50 ternas por año”, dijo.

Actualmente existen para ser cubiertas 199 vacantes con trámite en el Consejo de la Magistratura, y 15 que aún restan tramitar. En el Senado de la Nación, por otra parte, se encuentran presentadas otras 14 y en el Poder Ejecutivo 33 más. Es decir, un total de 261 vacantes sobre un universo de 979 cargos.

Juicio a los jueces

Cumpliendo con su función de controlar el desempeño de los magistrados, Miguel Piedecasas es el instructor de la causa que pide el juicio político a los camaristas Enrique Arias Gilbert y Graciela Marino por homologar la paritaria bancaria.

En este sentido, garantizó que “se está trabajando en las causas con mucha seriedad y profundidad”, entendiendo que la misma debe seguir “el proceso que corresponde”.

Echó por tierra cualquier presión por parte del poder político asegurando que, “personalmente, nunca he visto afectada mi libertad de criterio y autonomía en el Consejo”.

Señaló, a su vez, que le ha tocado ser acusador “en varios procesos de juicios políticos”, donde, indicó, los protagonistas han sido sobreseídos, han renunciado a su cargos en el transcurso de los juicios o en medio de los trámites ante la comisión de Disciplina y Acusación.

“Esto habla de que el trabajo del Consejo ha sido serio, si no seguiríamos en esa parsimonia que hubo para que las causas quedaran allí dos o tres años sin resolverse”, aseguró.

Según dijo, el número de las causas en trámite “han bajado. Pasaron de un promedio estimativo de 300 a causas, a 200. Es significativo, no significa que haya menos denuncias, sino que el trámite esta haciendo más rápido y expeditivo”.

Señaló así que “la Constitución Nacional le atribuyó la función de controlar la conducta y el desempeño de los magistrados, o sea no podría ser un órgano inocuo, tiene que cumplir la función constitucional para la cual fue concebido”.

Auditorías a la Justicia Federal

Como una manera de orientar los trabajos hacia la conformación de una “justicia transparente”, el vicepresidente del Consejo mencionó la “revitalización” de las auditorías a los magistrados y al sistema judicial en general.

“Le hemos dado una extensión mucho más amplia a una función que son las auditorias. Esto permite un mapeo general de cómo está funcionando o cómo ha funcionado la justicia ante diferentes fenómenos. Por ejemplo, en materia de narcotráfico, cuando termine el plan plurianual el año que viene los resultados van a ser muy importantes porque permitirán tener un mapa general de Argentina frente a un delito, o varios, como es el narcotráfico en sus distintas manifestaciones”, adelantó.

De esta manera señaló que se podrá acceder a la cantidad de causas, la duración de los procesos, los condenados, aquellos sobreseídos, entre otros datos de relevancia. Esto, aseguró, dará lugar a “información precisa”, entendiendo que “el diseño de las políticas judiciales necesita una base cierta y objetiva”.

En este sentido, el consejero aseguró que en materia de transparencia de la Justicia, “hemos mejorado mucho. No sólo por estas nuevas funciones de las auditorías, sino también estamos trabajando fuertemente en mejorar todos los sedimentos informáticos, hemos trabajado en el cumplimiento de la ley de acceso a la información pública, y la idea seguir avanzando en el sitio web para que esta comunicación sea directa”, concluyó.