por Pablo Bercovich

Durante los últimos meses y en el marco de la actual crisis nacieron numerosas usinas de pensamiento para la generación de ideas que buscan reemplazar la militancia del “te lo dije” y esperan configurar una superación del “vamos a volver” que mira al pasado, más conservador que reivindicativo. El diagnóstico del período macrista es bastante compartido: no hubo fracaso porque hubo transferencia de recursos de las clases medias y bajas a las clases altas. El de la etapa kirchnerista requiere una responsabilidad de análisis mayor, una reflexión respetuosa de las tantas personas beneficiadas por sus políticas públicas, pero incisiva, que pueda entender que el proceso 2003-2015 fue de industrialización con inclusión social y recuperación del Estado con objetivos claros, pero ejecutada con una estrategia cortoplacista que devino en una marcada dependencia tecnológica con efectos negativos para las pymes productivas, que sólo tuvieron autonomía técnica y comercial en la producción de bienes de consumo de bajo valor agregado.

Todas esas reflexiones se dan en el marco de un nuevo capitalismo. El protagonismo de la especulación financiera que polariza la economía, el proceso de uberización que desregulariza el empleo, y el crecimiento del trabajo en el sector de los servicios que debilita lo productivo y amenaza a un ordenador social clave como la fábrica, son movimientos internacionales que exigen el abandono urgente de la inútil rivalidad entre la tecnología y el obrero.

Argentina nunca va a salir adelante como país si basa su competitividad en la mano de obra. La separan de eso, afortunadamente, no sólo una serie de corridas cambiarias y reformas laborales, sino también una cultura industrial desarrollada, un conocimiento universitario incipientemente, articulado con la industria y con los recursos naturales, y una de las plataformas de investigadores más grande de los países en desarrollo.

Nuestro país pide desde hace ya mucho tiempo traducir esas virtudes en un incremento del porcentaje de incorporación de herramientas de investigación y desarrollo en el entramado productivo para consolidar estratégicamente una matriz industrial nacional que deje paulatinamente de depender de las importaciones. Fernando Peirano, ex Subsecretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, afirma que de las 600.000 empresas registradas en la Inspección General de Justicia sólo 600 realizan actividades de I+D y sólo 60 lo hacen de manera sostenida y profunda.

El desafío es diseñar proyectos tácticos, enmarcados en programas estratégicos, que configuren políticas públicas transformadoras. Tomar una decisión táctica de corto plazo como, por ejemplo, la regulación de importaciones en un sector productivo, debe estar acompañada por una fuerte asistencia técnica para la incorporación de herramientas de tecnología, diseño e innovación. Hacer más eficientes los procesos productivos, investigar sobre nuevos materiales, crear nuevos productos o desarrollar estrategias de comunicación deben ser objetivos que se vean en clave de fortalecimiento empresarial y sectorial pero también de posicionamiento de la industria nacional en la región y en el mundo. Argentina debe exportar calidad en base al conocimiento incorporado.

La disponibilidad de capital y la incorporación de tecnología son objetivos puntuales para necesidades comunes de pymes, de los emprendedores engañados que creó el nuevo capitalismo para fomentar la cultura del individualismo auto-explotado, y también de unidades productivas de la economía popular. Carolina Brandariz, referente del Movimiento Evita de la Ciudad de Buenos Aires, afirma que sólo en Capital Federal organizan desde la CTEP unas 200 unidades productivas con 2000 trabajadores y trabajadoras que se dedican a la generación de infraestructura, construcción, producción y servicios socio-comunitarios.

La economía popular llegó para quedarse, no es un fenómeno que se reabsorba en un idílico estado de bienestar de pleno empleo fabril. Eso se puede leer en los cambios del capitalismo mundial que construye una elite de obreros tecnológicos supercalificados y a la vez una masa de semiesclavos precarizados y desregulados que no pueden gozar de derechos del siglo pasado.

Por cada 15 puestos de trabajo que Argentina destruye en pymes manufactureras crea sólo 1 en el sector del software y los servicios informáticos. Más allá de leer esos cambios, organizarse para visibilizar injusticias y conseguir derechos, la economía popular no espera al tan retrasado Estado para disponerse a escribir una nueva historia vinculada a la tecnología y al conocimiento incorporado en sus unidades productivas.

Brandariz lo ejemplifica con el trabajo de profesionales de la bioquímica en el desarrollo de kéfir de leche para merenderos y sus beneficios inmunológicos, gastrointestinales y anticancerígenos. O con la llegada de diseñadores y diseñadoras de indumentaria a las unidades productivas de la rama textil, que no sólo proyectan nuevas colecciones sino que profesionalizan y optimizan procesos y productos y planifican estrategias de posicionamiento. O con la formación y acreditación de estudios universitarios a mujeres de los barrios más humildes que actualmente desarrollan tareas de cuidado de personas mayores sin ser reconocidas salarialmente.

Será que la transformación productiva que necesita Argentina no sólo deberá revertir de manera urgente la disminución de presupuesto en Investigación y Desarrollo, que este gobierno llevó de un 0.6 del PBI a un magro 0.4, sino que además tendrá que interpelar a una matriz productiva nacional compleja en un capitalismo internacional dinámico.

(*): Especialista en innovación productiva. Director del Instituto Aguafuertes. Integrante de Agenda Argentina.