En lo últimos años fueron muchos los avances en legislación que reconoce los derechos de la diversidad en nuestro país. No sólo se aprobó la ley de matrimonio igualitario y la de identidad de género, sino que fueron sancionadas otras tantas con artículos que hacen específica referencia a nuestros derechos y su protección.

Entre ellas, la ley de salud mental prohíbe cualquier diagnóstico basado en la orientación sexual o la identidad de género de las personas. La ley de femicidio abarca los crímenes de odio hacia nuestra comunidad expresamente, la ley de servicios de comunicación audiovisual contempla un artículo contra la discriminación en el que se nos incluye. La ley de obras sociales y la de prepagas establece derechos en relación a nuestras familias aún antes de la ley de matrimonio igualitario. Es vasta la legislación que protege nuestros derechos y nos reconoce la igualdad jurídica por la que hemos trabajado durante tantos años.

Esa igualdad jurídica, de todas formas, no fue nunca un objetivo final, sino una herramienta para lo más importante: la igualdad real, la de todos los días, la de la vida cotidiana. Para esta igualdad, aún queda mucho por hacer. Todavía resta una batalla cultural para erradicar la discriminación y la violencia que vive nuestra comunidad en todos los ámbitos de la vida. Sin las leyes esto sería imposible, pero las leyes solas no son suficientes.

Situaciones como la denunciada por una pareja de mujeres en el bar La Biela nos muestran esta realidad. Todavía suceden hechos de discriminación en lugares públicos, en las escuelas, en los centros de salud, en los ámbitos familiares, en todos lados.

Muchas veces, una simple demostración de afecto da lugar a las reacciones más discriminatorias y violentas. Esto genera que haya quienes tengan que vivir situaciones sumamente desagradables como la que relatan Belen y su compañera en las redes sociales, o algo aún peor: que haya miles de parejas que sientan que no están aún garantizadas las condiciones de seguridad para demostrar libremente su afecto. Lo que es, por lo menos, muy triste y genera consecuencias culturales que se expresan en otras situaciones que van desde la violencia verbal o física hasta el suicidio.

Más allá de la discusión que parece ocupar los noticieros y diarios sobre la intensidad o no de las demostraciones de afecto, lo cierto es que no es la primera denuncia que se presenta en estos términos -recordamos una denuncia similar en una pizzería de Almagro hace no mucho tiempo- en una de las ciudades que se describe como las más igualitaria de América Latina.

Esto implica, entre otras cosas, que los mecanismos que se establecen y se demandan por parte de organizaciones que trabajan la diversidad sexual, sobre la necesidad de espacios estatales que puedan contener y trabajar estas situaciones, y que puedan pensar y proponer políticas públicas específicas, son aún profundamente necesarias. Es por eso que son tan valiosos los espacios como la Defensoría LGBT de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que nos permiten intervenir desde instituciones con fiel conocimiento de las demandas y las problemáticas que vive la población LGBT.

Para esto, también necesitamos de mejores herramientas legislativas. La ley antidiscriminatoria vigente no sólo no incluye a la diversidad sexual sino que tampoco incluye a otros grupos vulnerados y carece de herramientas eficientes para prevenir y sancionar la discriminación. Es por eso que es no sólo oportuno sino urgente dotar a los organismos del estado y a los jueces de esas herramientas tan necesarias para trabajar contra la discriminación y la violencia en nuestro país.

Una nueva ley antidiscriminatoria podría dar respuestas más concretas y efectivas a las situaciones como las relatadas por esta pareja de mujeres en La Biela. Mientras tanto, desde el Instituto contra la Discriminación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad, vamos a intervenir con acciones concretas y vamos a ofrecerle, a todas las personas que vivan situaciones de discriminación, asesoramiento jurídico para seguir exigiendo el respeto que nos merecemos todas las personas y todas las familias.

(*): Secretaria general de la Mesa nacional por la Igualdad y de la Federación Argentina LGBT.