La Municipalidad de General Pueyrredon, a través del subsecretario de Legal y Técnica, Gustavo Gil de Muro, apelará el rechazo in limine interpuesto por el Tribunal Criminal N°3, ante el recurso de amparo presentado la semana pasada para garantizar el orden público en la vía pública.

“No buscamos criminalizar la protesta, sino que las autoridades judiciales y policiales garanticen el orden público, porque el espacio público es de todos los ciudadanos”, remarcó el funcionario municipal.

En este sentido, informó que “el municipio interpuso la semana pasada una acción de amparo para que todas las personas que deseen ejercer su derecho de peticionar y reclamar ante las autoridades, lo hagan dentro de un marco de respeto hacia el resto de los ciudadanos, para que puedan ejercer su derecho a transitar, circular y convivir en un ambiente sano y saludable”.

“No obstante -continuó-, el Tribunal Criminal N°3, quien fue sorteado para entender el asunto, rechazó in limine la presentación y en estos momentos estamos presentando una apelación intentando revertir esa decisión judicial”.

Gil de Muro explicó que el Tribunal Criminal N°3 considera que “son cuestiones políticas que deben resolverse dentro del ámbito de la administración y que no corresponde criminalizar la protesta. Esto nos pareció realmente inaceptable e inentendible, porque en la presentación dejamos en claro que se deben armonizar los derechos de los ciudadanos para lograr una convivencia social donde quienes protesten y reclamen ante las autoridades, respeten los derechos de los demás ciudadanos”.

Un protocolo que “delimite” los derechos

El secretario de Legal y Técnica recordó que “el intendente Arroyo había prometido en campaña que iba a trabajar sobre esta problemática y, a raíz de las últimas protestas de distintos tipos, tomó la decisión de recurrir a la justicia”. También destacó que “previo a ello habíamos hecho una serie de denuncias en la fiscalía de turno, ante cada corte de calle o quema de neumáticos, y no logramos que la Justicia avanzara en ese sentido”.

“Nosotros buscamos que las autoridades establezcan un protocolo, que lo debe coordinar la justicia con las autoridades policiales, en el que se delimite el derecho de cada uno”, dijo Gil de Muro.

“Entendemos que es perfectamente compatible que algunos ciudadanos protesten y peticionen en las puertas de la Municipalidad, pero acordando previamente con las autoridades policiales el modo y los horarios, para coordinar los cortes de calle y delimitar, también para seguridad de los ciudadanos, el espacio donde ellos protesten y circulen los autos”, concluyó.