Los gremios SUPA, SAON, Simape, SOMU, Patrones de Pesca, Siconara y Supara, nucleados en la CGT Regional Mar del Plata, se declararon en estado de alerta por la situación que se presenta en relación a la pesca y la caída de la actividad, tanto de los buques fresqueros de altura como buques de banquina amarilla o costera.

“La decisión de las empresas de no sacar los buques a pescar afecta tanto al personal embarcado como a los gremios de tierra. La consiguiente pérdida de puestos de trabajo se suma al conjunto abultando los alarmantes números de desocupación ya vigentes en nuestra ciudad”, detallaron en un comunicado.

Además puntualizaron en el traspaso del cupo de merluza de los buques fresqueros a buques congeladores. “Eso genera que en algunos casos, los buques fresqueros que trasladan una parte de su cuota, vean reducida la cantidad de viajes que pueden realizar en el año. Y en otros casos más graves aun, los buques fresqueros son comprados por empresas armadores de buques congeladores al solo efecto de obtener los cupos, dejando ese barco fresquero sin operatividad”, señalaron y agregaron que “ambas situaciones también afectan el normal desarrollo de la actividad, contribuyen a aumentar el desempleo y la falta de recursos frescos para el personal de trabajo en tierra (SUPA; Estibadores; SAON, Obreros Navales y Prácticos de Muelle y SOIP, Fileteros y personal de planta de procesamiento en tierra)”.

Al igual que en los últimos años, la partida de barcos al sur para la pesca del langostino genera problemas para los trabajadores en tierra del puerto marplatense.

“Esto incrementa la dificultad durante cinco meses al año y se suma que, a la vuelta, los barcos quedan parados por tiempo indeterminado”, afirmaron los sindicatos y remarcaron que “atento a esta situación; en la que hay gran cantidad de personal embarcado y personal de tierra sin la oferta de trabajo de otros años, la que ya era escasa; nos encontramos con empresarios que aprovechan esta situación y vulneran los derechos establecidos en los convenios colectivos de trabajo vigentes y las actas actuales respecto del personal embarcado y en cuanto al trabajador de tierra”.

Las denuncias de plantas de procesamiento ilegales es otros de los reclamo de los gremios del sector pesquero. “Se multiplican las plantas con trabajo no registrado en las que se observan la falta de derechos y de condiciones seguras para el personal”, sostuvieron.

Ante el conjunto de problemáticas, consideraron que “la comunidad trabajadora del puerto se encuentra en una situación de vulnerabilidad y crisis que inevitablemente, se traslada a la ciudad”.

Reuniones

Los sindicatos advirtieron que ya pusieron en conocimiento a las autoridades provinciales en reuniones que mantuvieron con el ministro de Producción, el ministro de Desarrollo Agrario y la subsecretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca. En esos encuentros, expresaron “la necesidad prioritaria de generar trabajo en tierra, que sea registrado y en condiciones seguras, como asimismo de defender la actividad fresquera teniendo la cantidad de puestos de trabajo que genera, renovar la flota pesquera con mano de obra nacional y erradicar la actividad económica clandestina”.

Debido a la situación, reclamaron “políticas específicas” y se pusieron a disposición para “generar las mesas de trabajo necesarias para hallar las soluciones a la diversa problemática del puerto marplatense”.

“No hay achique de personal, pero hay achique de actividad”

El presidente de la Cámara de la Industria Pesquera Argentina (CAIPA), Fernando Rivera advirtió que hay un panorama “complicado, que se agrava por la situación internacional y por el Coronavirus”.

En referencia a la repercusión que puede tener esta situación en las fuentes laborales, aseguró que “no hay achique de personal, pero hay achique de actividad”. “No se hacen horas extras y no se trabaja todos los días de la semana”, explicó. Y argumentó que “si tienen un producto que tuvo una disminución del 37%, no puede ser rentable para la empresa, y si no es rentable, más rápido se va a fundir”.

Con miras a una posible solución, Rivera consideró que “lo que hace falta es que el estado entienda que la retención del 9% sobre un producto que tuvo una baja del precio internacional significativa es grave”.

“Cuando vos al producto le ponés mayor valor agregado, la retención te pega más. Si tenés un producto de 2.000 dólares, la retención es 180 dólares. Pero si le pusiste valor industrial y lo vendés 5.000, las retenciones son 450 dólares”.