El director general de Aduanas de Argentina, Juan José Gómez Centurión, pidió hoy disculpas a quien se haya ofendido por sus polémicas declaraciones sobre la última dictadura, de la que había afirmado que no se trató de un “plan genocida” y sobre la que cuestionó la cifra de desaparecidos.

En un breve comunicado recogido por la agencia estatal de noticias Télam, el funcionario aseguró que “estas opiniones son de carácter absolutamente personal y no implica en forma alguna la forma de pensar del Gobierno ni de su equipo como tal”.

El también excombatiente en la guerra que en 1982 enfrentó a su país con Reino Unido por la soberanía de las islas Malvinas pidió “una sincera disculpa a cualquier persona que pudiera haberse sentido ofendida por lo expresado o las interpretaciones derivadas de ellas”.

Esta reacción se da pocas horas después de que, en un programa de América TV, descartara que el número de desaparecidos durante el régimen de facto (1976-1983) fuera de 30.000, como sostienen los organismos de derechos humanos, lo que generó una fuerte polémica en el país.

Además, negó que la dictadura fuera “un plan para hacer desaparecer las personas”, sino que fue “un torpísimo golpe de Estado tomando el poder y lidiando contra un enemigo que no sabían cómo manejarlo y que había arrancado en 1975 con una orden constitucional de aniquilamiento”.

El titular de Aduanas se refiere a la política llevada a cabo durante el Gobierno de María Estela Martínez de Perón (1974-1976) contra los grupos guerrilleros que entonces actuaban en el país. “Esas opiniones son a título personal, no son compartidas desde ningún punto de vista y no pueden ser tomadas como representativas del pensamiento del Gobierno”, señaló la Secretaría de Derechos Humanos del Gobierno de Mauricio Macri en un comunicado.

Las declaraciones de Gómez Centurión provocaron una serie de críticas de diversos miembros del oficialismo, la oposición -entre ellos la expresidenta Cristina Fernández-, y organismos de derechos humanos, como las Madres y Abuelas de la Plaza de Mayo, que pidieron su renuncia, y el Nobel de la Paz 1980 Adolfo Pérez Esquivel.

Cristina Fernández (2007-2015) acusó al titular de Aduanas de haber cometido “apología del delito” con sus declaraciones porque “las condenas judiciales probaron y definieron genocidio y plan sistemático de desaparición”.

Además, la exmandataria consideró que Gómez forma parte de un Gobierno que tiene entre sus funcionarios a los civiles que “se enriquecieron” con la dictadura y “nunca fueron juzgados”.

“Entre ellos la familia presidencial”, denunció antes de insistir en que “no es Gómez Centurión: es Macri”.

Estela de Carlotto, titular de Abuelas de Plaza de Mayo, afirmó que el funcionario “está agraviando a la historia y a todos los argentinos” y lo consideró una persona “peligrosa” para ejercer un cargo público.

“Lo que está haciendo este Gobierno es querer demoler poco a poco todo lo que es la memoria y la política de derechos humanos”, agregó Pérez Esquivel.

Desde que Macri llegó a la Presidencia del país, en diciembre de 2015, se han registrado varios roces entre su Gobierno y los organismos humanitarios, muchos de ellos vinculados con los Gobiernos de Néstor Kirchner (2003-2007) y Fernández.

En enero del año pasado, el entonces ministro de Cultura de Buenos Aires, Darío Lopérfido, relativizó los números de 30.000 desaparecidos al sugerir que es una cifra que “se arregló en una mesa”.

Asimismo, Macri dijo en una entrevista en agosto que el régimen de facto fue “lo peor” que pasó en la historia argentina pero afirmó no tener “idea” de si los desaparecidos durante lo que llamó “guerra sucia” fueron 30.000.

“Abierta o solapadamente, se trata de relativizar los crímenes aberrantes del terrorismo de Estado y poner en cuestión la lucha de los organismos”, señalaron en noviembre pasado diversas organizaciones, al tiempo que denunciaron hoy una “campaña de desprestigio” contra ellos y ratificaron que hubo 30.000 detenidos desaparecidos durante el régimen.