La ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, sostuvo que aunque “nadie discute las políticas de género” que llevan adelante los diferentes organismos estatales, “la única máxima autoridad que aún no cumplió con la Ley Micaela es la Corte Suprema”.

“El 10 de enero, el presidente Alberto Fernández se capacitó con todo el Gabinete. En marzo, se hizo con senadores, en mayo con diputados. Intentamos hacerlo con la Corte Suprema y, frente a la falta de respuestas, el 23 de junio le mandé yo una carta al presidente Carlos Rosenkrantz”, explicó la ministra en diálogo con radio Continental.

“Le dije que era una obligación el tener que capacitarlos, pasaron tres meses de esa nota y de la obligación legal que tienen de capacitarse no tuvimos respuesta”, remarcó Gómez Alcorta.

El viernes último, Fernández sostuvo en un acto que la Ley Micaela permite a quienes se capacitan “deconstruirse para entender los efectos nocivos de la violencia de género”, y expresó su “preocupación” porque, en el Estado federal, “el Poder Ejecutivo y Legislativo la aplican pero, lamentablemente, el Poder Judicial no”.

Durante la presentación del programa Acompañar, enmarcado en un Plan Nacional de lucha contra la violencia de género, Fernández dijo que “si no entienden la dimensión del problema y no quieren asumir la necesidad de deconstruirse, estamos en un problema”.

Por esas declaraciones, la Corte Suprema publicó un comunicado en el que afirmó que “lidera desde el año 2010 la capacitación en perspectiva de género en el Poder Judicial”.

Además, recordó que el máximo tribunal creó la Oficina de la Mujer y un “modelo ejemplar de atención a víctimas de violencia a nivel mundial, a través de la Oficina de Violencia Doméstica que funciona desde el año 2008”.

“Es cierto que el Poder Judicial hace muchos años tiene una política de género. Eso está fuera de la discusión”, dijo Gómez Alcorta, pero recordó que “la Ley Micaela obliga a las máximas autoridades de los tres poderes a que los capacite el ministerio de las Mujeres”.

“Sobre ese punto es lo que hizo referencia el presidente”, completó Gómez Alcorta.

“Es una prioridad para el Gobierno la capacitación. No se discute las políticas de género que lleva adelante la Corte, pero son dos cosas distintas: la única máxima autoridad que aún no cumplió con la Ley Micaela es la Corte”, sostuvo la ministra.

“El Presidente me dijo que la prioridad es empezar a capacitarnos nosotros: está claro que el Presidente tiene una prioridad con la agenda de género, e intentamos que en el mediano plazo se reduzca los femicidios y travesticidios”, agregó.

Reflexionó que “el único de los tres poderes que no se capacitó es la Corte” y asumió que todos los funcionarios y funcionarias deberían “dar ejemplo”.

Aborto

La ministra también se refirió a la solicitada en reclamo por el tratamiento de la ley para la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo y sostuvo que “el proyecto ya está, y es un tema que nunca dejó de estar en la agenda”.

“El proyecto está listo, está trabajado, y lo único que nos ha impedido presentarlo hasta ahora es la situación crítica de la pandemia, porque el Ministerio de Salud tiene que liderar esta discusión, y está sin poder sacarle la marca a la situación vinculada al coronavirus”, explicó.

Sin embargo, Gómez Alcorta indicó que “la decisión de presentar el proyecto está inalterable” y agregó: “No descartamos que se presente este año. Estamos esperando a que la pandemia afloje un poco”.

“Está muy bien que el reclamo de esa solicitada se haga público porque somos conscientes que es una deuda para las mujeres que mueren”, dijo.