Las encuestas que el gobierno lee (no siempre las que difunde o hace conocer) indican que sobre el juicio de la sociedad empiezan a soplar nuevos vientos: la gestión recibe más cuestionamientos, la imagen de los funcionarios (con la excepción de María Eugenia Vidal, la gobernadora bonaerense) decae. No es solo la economía, aunque el bolsillo duele (y se prepara para asimilar nuevos golpes tarifarios). Hay que contabilizar también otras decepciones.

Los gremios miran a marzo

El oficialismo no se puede quejar del espíritu cooperativo de, por ejemplo, el movimiento obrero, que acompañó el primer año del mandato macrista con responsabilidad y evitando tensar las relaciones. Que ahora la CGT, con el eco entusiasmado de centrales menores, anuncie una protesta para marzo es una importante señal a tomar en cuenta. La dirigencia gremial avisa que la atmósfera se está volviendo pesada en la base. Y hay que recordar que la base de la central obrera está constituida por trabajadores formales que, por bajo que sea su ingreso, no forman parte de la legión de semiocupados, desocupados o empleados en negro que constituyen el estrato más profunda de la pobreza.

Aún en la tesitura de protestar, los sindicatos evitaron centrar culpas en el gobierno. Apuntaron contra los empresarios, que no cumplieron con el compromiso alcanzado en la Mesa del Trabajo y la Producción de no provocar despidos. Rápido de reflejos, el ministro de Trabajo, Jorge Triaca, cooperó con una verónica: habló de empresarios que “no dejan de hacerse los vivos” que han generado una “pérdida de confianza”. El ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, ayudó con los coros: habló de empresarios que “estuvieron muy favorecidos por una economía poco competitiva y muy cerrada, y que, apenas el gobierno empezó a modificar el esquema para beneficiar a los consumidores, no respondieron de la manera que debían responder. En general, la gran mayoría de los empresarios ha acompañado pero algunos no”.

Los gremialistas, aunque cuestionan centralmente al sector empresario, no por eso absuelven plenamente al gobierno: lo culpan de inoperancia, complicidad o impotencia: “El gobierno no hace nada ante los despidos”.

También en los medios se refleja el pausado giro del viento: el gobierno empieza a ser criticado por voces neutrales que venían guardando un silencio discreto (Ricardo Darín, por caso) y hasta (así sea en temas de rango secundario) por columnistas de clara adicción por el oficialismo.

En un año electoral la inacción y los errores se pagan. Pero no se trata de actuar en cualquier sentido. Acertar requiere tener claro el rumbo.

Gómez Centurión y la Verdad de Estado

Véase lo ocurrido con el jefe de la Aduana, Juan José Gómez Centurión. El hombre demostró la semana pasada que haber sido un soldado valiente y ser un funcionario aduanero honesto y eficaz no son necesariamente virtudes que lo faculten a la exposición política, lo preserven de los desatinos o lo blinden frente a los ataques (inclusive el llamado “fuego amigo”).

Es obvio para cualquiera que Mauricio Macri no convocó al ex militar, galardonado por su actuación en Malvinas, para convertirlo en figura política, como hizo en Santa Fé con Miguel Del Sel. En la ciudad de Buenos Aires, Macri puso a Gómez Centurión a cargo de la Agencia de Control municipal y, ya Presidente, lo encargó de la Aduana. En los dos sitios cobran valor tanto su rectitud como su formación profesional. Los micrófonos y las cámaras no son un terreno que, en principio, lo favorezca.

No le hace bien al gobierno la difusión de sus opiniones, que ciertamente no son las que los aliados del Pro están dispuestos a tolerar ni se parecen a las que el alto funcionariado del Pro esté preparado para defender (en rigor no está claro que el Pro, como partido, tenga posición adoptada sobre los temas que Gómez Centurión trató ante las cámaras; el macrismo se caracteriza más bien por admitir la suma de opiniones individuales y favorecer “que florezcan cien flores”. Es la visión del gurú Durán Barba).

Quizás es hora de que un movimiento que empieza a proclamar el deseo de gobernar inclusive más allá de este período, empiece a adquirir más densidad en el terreno de las ideas y más articulación interna que la que provee la pura gestión y el llamado “ espíritu de equipo”.

Gómez Centurión tiene opiniones muy perfiladas sobre la dictadura militar de la década del setenta. ¿Debe ser castigado por exponerlas? El gobierno recibe una fuerte presión para que, en virtud esas opiniones, se lo expulse de su cargo en la Aduana y de la condición misma de funcionario del Estado. Se argumenta que Gómez Centurión desafía con sus puntos de vista fallos de la Justicia –de la Corte Suprema- sobre el régimen militar. Sería un delito desobedecer un fallo judicial. ¿Lo es opinar sobre sus fundamentos o sobre la realidad que esos fallos abarcan?¿ La defensa de los derechos humanos y el repudio de las atrocidades implica complicarse con cifras amañadas de víctimas de la represión?

Para el gobierno el caso Gómez Centurión es un desafío. Una fuerza que prefiere no debatir sobre el pasado ni sentar doctrina sobre asuntos controvertibles que no afecten a su propio eje (la gestión), puede encontrarse de hecho, para no afrontar críticas, sancionando una especie de Verdad-de-Estado impuesta desde una visión no sólo parcial, sino fundamentalmente adversa. Porque lo cierto es que el núcleo significativo de la posición que quiere crucificado a Gómez Centurión es, centralmente, la de los que miran los enfrentamientos armados de la década del 70 desde uno de los bandos del conflicto. Ese bando consiguió influir con su relato sobre sectores más extensos y llevar su opinión a la condición de dominante. No hay pecado en ello, mientras todo esté expuesto a debate. La sanción reclamada contra Gómez Centurión pretende convertir la verdad de una parte en Verdad-de-Estado y sentar una postura única sobre (al menos) un período de la Historia.

Desde sus funciones en la Aduana no hay riesgo plausible de que Gómez Centurión pueda imponer sus puntos de vista como doctrina histórica oficial. En cambio, apartado de ese cargo por sus opiniones, su caso constituiría una bisagra entre la existencia de una postura dominante (que influye inclusive en el oficialismo y sus aliados) y la consagración de una Verdad-de-Estado.

La llamada teoría de los dos demonios, una visión edulcorada de la década de los ’70 que tiende a imaginar que esos años de plomo sólo involucraron a dos minorías en guerra entre sí, puede ser falaz, ingenua o intencionada. Pero al menos reconoce que los demonios eran dos. La presión para expulsar a Gómez Centurión del Estado por difundir un listado de opiniones compuesto por medias verdades, anécdotas y despropósitos tiende, por exclusión, a beatificar a uno de aquellos demonios y a establecer una ideología como doctrina única oficial sobre una etapa histórica. Ni quienes votaron al actual oficialismo ni buena parte de quienes optaron por otras posturas pretendían confirmar un relato faccioso como verdad de Estado.

Los cambios de viento que hoy experimenta el oficialismo tienen mucho que ver con sus zigzagueos, vacilaciones y ambigüedades. En este caso también se manifiestan.