El director ejecutivo de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), Cristian Girard, aseguró que el objetivo de sus gestión será “darle mucha más inteligencia a la tarea de fiscalización” y que el trabajo se focalizará “en los grandes contribuyentes y no tanto en los pequeños comercios”.

En una entrevista con Télam, el funcionario dijo que ARBA buscará “alcanzar un equilibrio dado que no podemos ser agresivos abajo mientras arriba no se hace nada” y apuntó que “por eso, en Ingresos Brutos vamos a buscar a los grandes jugadores, pero de manera inteligente, con fiscalizaciones integrales, que llevan tiempo, pero son mucho más efectivas”.

“En cuanto a los pequeños contribuyentes, la intención es avanzar con una simplificación de los regímenes y mejorar la cultura tributaria”, apuntó.

– ¿Con qué se encontró al llegar al organismo y cuáles son ahora las prioridades?

– La gestión anterior orientó los recursos a la atención al público en detrimento de las acciones y funciones de fiscalización y control. Nosotros vamos a retomar el rol fiscalizador de ARBA, focalizando en los grandes contribuyentes. Es importante que la agencia se muestre activa en los controles porque es una manera de aumentar la percepción de riesgo, que es fundamental para mejorar la recaudación y reducir la evasión.

– ¿En qué cambiarán los controles respecto de la gestión anterior?

– Las fiscalizaciones antes se concentraban sobre un universo de pequeños contribuyentes. Nosotros vamos a darle más inteligencia a la tarea de fiscalización. Vamos a fortalecer el área de inteligencia fiscal, trabajando coordinadamente con AFIP, los municipios y otras agencias para hacer una selección de casos. La idea es orientarnos mucho más a los grandes jugadores, que tienen capacidad de reducir la carga impositiva contratando estudios contables y haciendo planificación tributaria, y no tanto a los pequeños comercios.

– ¿Cómo se buscará reducir la informalidad de los pequeños contribuyentes?

– También vamos a controlar a los comercios de cercanía, pero la tarea tiene que ser distinta. A veces se le exige a un pequeño comercio que esté inscripto en el régimen de Ingresos Brutos y eso le implica contratar a un contador y no tener una rentabilidad que le permita sostenerse viviendo de ese comercio. Entonces, debemos tener un equilibrio donde a ese tipo de contribuyente le simplifiquemos la tarea al mismo tiempo que le exijamos que tenga posnet y facture.

– En la provincia de Buenos Aires existen 2.500 empresas que aportan el 50% de la recaudación de Ingresos Brutos. Son grandes y a la vez tributan en otras jurisdicciones. ¿Piensan realizar acciones específicas en ese segmento, para controlar que no se pierdan recursos a manos de otras provincias?

– Hay mucha concentración y mucho por mejorar. Y no necesariamente por mala fe de las empresas. Sucede que como la normativa es muy dinámica, la ley y las regulaciones van cambiando, se generan puntos negros e interpretaciones que hacen que las empresas decidan ir por un camino que a nosotros no nos termina conviniendo. Por eso es importante fortalecer el rol de la provincia de Buenos Aires en la Comisión Arbitral del Convenio Multilateral, que es donde se dirimen los diferendos que puede haber respecto de las declaraciones juradas que hagan los agentes en relación al pago de Ingresos Brutos. Tenemos que poner la lupa porque muchas veces las empresas buscan reducir la carga total y para eso hacen locación de gastos y ventas más favorables a jurisdicciones que tienen alícuotas menores, perjudicando a la provincia de Buenos Aires.

– ¿De qué modo van a contribuir desde el organismo para mejorar la situación de las pymes?

– Tenemos 600.000 pymes con deudas con ARBA por $13.000 millones. El gobernador nos pidió que ayudemos con un plan de pagos en el contexto de emergencia. Estamos definiendo los detalles sobre ese plan que se anunciará la semana que viene. Queremos evitar que en este contexto de crisis la presión tributaria siga cayendo sobre los pequeños contribuyentes y las pymes. Una pyme que cierra es una familia que se disuelve. La crisis económica es también una crisis social. Detrás de los números hay gente, proyectos, puestos de trabajo e ingresos familiares que se pierden, generando una situación de pobreza. La actual es una crisis que parece asintomática porque no se hablaba de esto, pero al ver los números y la realidad del entramado productivo vemos que es catastrófica. Por eso tenemos que poner todos los recursos a disposición para que las pymes no cierren.

“Terminar con la legitimación de la evasión”

Por otro lado, Girard remarcó la necesidad de trabajar “en una educación tributaria que termine con la cultura del rechazo al pago de impuestos y de legitimación de la evasión”.

El funcionario precisó que “es fundamental explicar por qué es importante cumplir con el pago de impuestos” y analizó que “se trata de un problema político, cultural e ideológico, y tiene que ver con la tendencia global en donde las elites tienden a la fuga de capitales hacia guaridas fiscales”.

“Eso erosiona el rol del Estado como distribuidor de recursos y agente activo en los procesos de desarrollo”, evaluó.

Girard subrayó que muchas veces “se entra en un ciclo de perversión discursiva en el que se cree que hay legitimidad para no pagar impuestos porque los gobiernos son corruptos, porque ‘mantienen vagos’ o porque los servicios que se prestan son malos”.

“Esa posición busca instalar que se despilfarra lo que pagan los contribuyentes, entonces hay una legitimación moral a no pagar los impuestos”, continuó y planteó que se debe realizar desde el Estado “un trabajo cultural muy fuerte”.

Sostuvo que “el huevo de la serpiente es el desmantelamiento del Estado de bienestar a partir del sobreendeudamiento de los estados nacionales, en paralelo con una desregulación financiera que les permite a las elites fugar capitales y reducir la capacidad de recaudación de los estados”.

El funcionario enfatizó que cuando se le bajan impuestos a los sectores más concentrados se ingresa “en un círculo vicioso porque los Estados se desfinancian y, para mantener el nivel de servicios, toman deuda”.

“Crece la carga financiera del presupuesto y hay que hacer recortes. En ese momento empeora la calidad de los servicios y se llega al estado de emergencia y catástrofe”, dijo.