El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Antonio Gilardi, expresó su confianza en que la Justicia terminará convalidando la ordenanza mediante la cual el Concejo Deliberante dispuso que la comuna liquide la bonificación de los docentes tal y como lo vino haciendo durante los últimos 30 años.

“Si la Corte falla como debería, es decir, dándole plena vigencia a esta ordenanza, después vamos a hacer una denuncia contra el intendente y los funcionarios que firmaron el decreto que les quitó la bonificación a los docentes porque acá hay un incumplimiento de los deberes de funcionario publico”, afirmó el gremialista.

Ayer Gilardi subrayó que la reciente decisión de la Suprema Corte, adoptada en el marco de una demanda por un supuesto conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante apenas “suspende la vigencia” de la norma que recientemente aprobaron los concejales. Mediante esa ordenanza los ediles dispusieron que en contra de lo que había resuelto la gestión de Arroyo, la bonificación que perciben los docentes municipales, continúe siendo liquidada tomando como referencia la remuneración de un trabajador del nivel 12, con una carga laboral de 35 horas semanales.

De este modo el Concejo revirtió la medida que el jefe comunal había implementado por un decreto de fines de octubre, por el que dispuso que a partir de ese momento la bonificación sería reducida, al ser liquidada en base al salario de un trabajador con una carga laboral de 24 horas semanales. En un intento por defender la implementación de la rebaja de las remuneraciones de los maestros, el gobierno de Arroyo acudió a la Suprema Corte, donde inició una demanda por la presunta existencia de un conflicto de poderes entre el Ejecutivo y el Concejo.

Para Gilardi, la decisión del intendente de judicializar la situación y plantear la supuesta existencia de un conflicto de poderes “es una cuestión caprichosa”. 

Anteayer, al tomar intervención en el caso, los jueces de la Corte resolvieron que la ordenanza aprobada por los concejales sea suspendida, hasta tanto pueda ser resuelta la cuestión de fondo. Para Gilardi, la decisión del intendente de judicializar la situación y plantear la supuesta existencia de un conflicto de poderes “es una cuestión caprichosa”. Para el sindicalista, en definitiva la decisión de Arroyo y de sus secretarios de Economía, Hernán Mourelle y de Educación, Luis Distefano, de reducir las remuneraciones de los docentes “viola la Ley 14.656 que establece que derechos adquiridos no pueden ser modificados en perjuicio del trabajador. Sin embargo lo han hecho y ahora recurren a la Corte que suspende la ordenanza que restituía este derecho”, indicó.

Según Gilardi ahora resta esperar que se cumplan con los pasos procesales, que requieren que el Concejo Deliberante exprese su postura. “Acá hay que estar atentos y vigilantes”, señaló.