El presidente de Chile, Gabriel Boric, cumple su primer año al frente del Gobierno, que partió con el hándicap de ser el mandatario más votado en la historia del país, tiempo en el que hilvanó malas, como la derrota en el plebiscito constitucional y el fracaso en el Parlamento con la reforma tributaria, y otras buenas, como el superávit fiscal más alto en casi tres décadas y un acuerdo salarial forjado en un acuerdo entre empresarios y sindicatos.

El mandatario nombró a los nuevos ministros: Alberto Van Klaveren en Relaciones Exteriores (deja el cargo Antonia Urrejola), Jéssica López en Obras Públicas (en reemplazo de Juan Carlos García), Jaime de Aguirre en Cultura (en lugar de Julieta Brodsky), Jaime Pizarro en Deportes (se va Alexandra Benado) y Aisén Etcheverry en Ciencias (por Silvia Díaz).

El primer golpe que recibió el Gobierno de Boric ocurrió el pasado 6 de septiembre cuando Izkia Siches, su mano derecha y principal artífice de que el mandatario pudiera llegar a La Moneda, salió de la cartera del Ministerio del Interior luego de sólo 6 meses en el cargo en los que fue enhebrando varios errores.

Uno de los principales infortunios fue el frustrado intento de visitar al padre del comunero mapuche Camilo Catrillanca, asesinado en noviembre de 2018 por la policía chilena. Al llegar a la localidad de Temucuicui fue recibida con disparos por miembros de la Coordinadora Arauco Malleco, por lo que tuvo que retirarse del lugar.

El episodio le costó el puesto a Siches, que fue reemplazada por Carolina Tohá.

Marcelo Mella, politólogo de la Universidad de Santiago de Chile, afirma que estos “errores no forzados” tienen que ver “con la inexperiencia de una nueva generación que ingresa a la política institucional y que tiene una altísima exposición”.

El núcleo más cercano al presidente son los partidos de “Apruebo Dignidad, en su mayoría fuerzas sin experiencia en la administración del Estado desde un punto de vista del quehacer del Poder Ejecutivo”, dice Mella.

“Esa condición de nuevos liderazgos con experiencia en el Poder Legislativo, pero nula en el Ejecutivo determina que, en situaciones donde existe una gran presión de los medios o la opinión pública, aparezcan tonos o mensajes inadecuados y terminan siendo contraproducentes, porque desvían la atención de la opinión pública de lo que es realmente importante”, remarca el politólogo.

En el ámbito internacional, Boric también incursionó en algunas polémicas. En la Cumbre de las Américas emplazó a Estados Unidos y China a proteger el medioambiente e hizo hincapié en que ninguno de esos países se encontraba en la ceremonia, sin reparar en que en el recinto estaba John Kerry, representante especial de la Casa Blanca para medioambiente.

Luego, en la cumbre de Celac de Buenos Aires, cuestionó públicamente al Gobierno de Perú por la represión de las protestas que reclaman la renuncia de la presidenta Dina Boluarte y le reclamó respetar el derecho a manifestarse de los ciudadanos. De inmediato la cancillería peruana le respondió, tildándolo de “irrespetuoso”.

Otra episodio conflictivo fue la filtración de un audio de una reunión de Cancillería encabezada por la ministra Antonia Urrejola, que dejó el cargo, en el que se escucha una voz que se refería en duros términos al embajador argentino, Rafael Bielsa, quien se quejó porque no fue avisado del rechazo del comité de ministros al proyecto minero Dominga.

Mella ve en estas “polémicas” internacionales una muestra de la inexperiencia de quienes conforman el Ejecutivo.

“Han existido una seguidilla de situaciones que podrían ser no sólo evitables, sino que terminan siendo contraproducentes con el interés del Gobierno, tienen un impacto en la opinión pública, en las encuestas, y terminan desviando el foco de los medios con la discusión pública semanal hacia temas que son `sabrosos´, pero poco relevantes considerando las prioridades que tiene el país”, señaló el politólogo.

Pero el mayor de los reveses de este primer año de gestión fue la derrota en el plebiscito constitucional del 4 de septiembre, en el que el 61% de los chilenos rechazó el texto constitucional que había escrito la Convención Constituyente.

El proceso, surgido de las protestas que se iniciaron en octubre 2019, contaba con el respaldo explícito del Gobierno de Boric, que esperaba que ganara el Sí para ponerle fin a la carta magna redactada durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), que todavía está vigente.

Tras esta dura derrota, el Ejecutivo enfrenta el desafío del nuevo proceso constituyente, al que Mella ve como una segunda oportunidad, en la que “se impulsa un nuevo proceso con una dosis de mayor realismo para realizar un texto constitucional más transversal”.

Para Mella, la clave de este nuevo proceso está en que “es menos partidista, y con un órgano encargado de la redacción, que si bien puede parecer más conservador, recoge con mayor fuerza lo que es la tradición histórica e institucional de Chile en el largo plazo”. De esta forma, dijo, es posible crear un texto que “genere mayores certezas y pueda ser aprobado por parte del pueblo chileno”.

A finales de 2022 también generó mucho ruido la decisión de Boric de indultar a 13 personas condenadas por su participación en el estallido social de 2019, entre quienes estaba el exguerrillero Jorge Mateluna, que luchó contra la dictadura de Augusto Pinochet.

Partidos de oposición presentaron un requerimiento al Tribunal Constitucional (TC) para impugnar siete de los 13 indultos. El tribunal, por primera vez en la historia, se abocó a revisar la legalidad de un indulto presidencial.

Los indultos derivaron en un acusación constitucional contra la ministra de Justicia, Marcela Ríos, quien en enero presentó su renuncia. Y también fue acusado constitucionalmente el ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson, por haber ejercido eventuales presiones a una funcionaria de su cartera, Patricia Hidalgo, para votar en contra de sus convicciones en proyectos de desarrollo en la capital chilena.

Si bien ambas acusaciones fueron rechazadas, esta crisis política y la polémica de los indultos calaron fuerte en el Gobierno, que en la primera semana de enero de 2023 marcó su registro más bajo en las encuestas desde que asumió, con un 25% de aprobación.

Ya en 2023, los incendios forestales de febrero, en los que hubo 26 fallecidos y más de 450.000 hectáreas quemadas en las regiones sureñas de La Araucanía, Biobío y Ñuble, se transformaron en una nueva pesadilla para el Gobierno, que de todos modos logró manejar la catástrofe, uniendo a gran parte de la oposición para un trabajo en equipo, además de gestionar ayuda internacional.

También figura en la columna del haber el informe del 31 de enero de la Dirección de Presupuestos (Dipres), que muestra que se logró un superávit fiscal de 1,1% del PIB, el mejor resultado desde 2011.

Esto derivó en un repunte de la gestión y de Boric, que alcanzó el 30% de aprobación, lo que no es poco luego de las polémicas mencionadas.

Mella también puso entre los aciertos temas legislativos y proyectos concretos, como el aumento al salario mínimo “impulsado por el gran trabajo de la ministra del Trabajo y Prevención Social, Jeanette Jara, que es militante del PC”.

“Consiguió un acuerdo transversal donde forman parte la Central Única de Trabajadores (CUT) y organizaciones empresariales, con un aumento del salario en 14,3%, el reajuste más alto en los últimos 29 años”, dijo Mella.

“En un contexto de crisis económica me parece que la señal que ha dado la ministra Jara al construir un acuerdo de esta envergadura es el camino a seguir para que el presidente Boric logre viabilizar proyectos políticos con acuerdos de carácter transversal.