Un funcionario judicial fue imputado en las últimas horas por creerse que filtró información a un narcotraficante para advertirlo de los inminentes operativos que podían dar con su paradero y captura.

El fiscal Leandro Favaro, con la contribución de Javier Pettigiani del CATI (Cuerpo de Ayudantía a la Instrucción), solicitó al juez Juan Tapia la orden de detención contra Miguel Alberto José, empleado del juzgado de garantías N°3, sobre quien existen serios indicios de haber mantenido un encuentro con Gastón “Pelado” Arce en el VIP del Parador Mute el sábado 29 de enero mientras se desarrollaba una fiesta electrónica. También de haber ofrecido su número de teléfono y que a partir de esa reunión informal, Arce habría tomado algunos recaudos claves para asegurar su huida.

Sin embargo por razones técnicas, Tapia rechazó el pedido de detención de manera que José será citado a declaración indagatoria en el marco de la audiencia del artículo 308 del Código Procesal.

La prueba que obra en la investigación asegura que Arce, el líder de la banda desmembrada la semana anterior, logró escapar a tiempo tras chocar contra un móvil de Prefectura Naval porque conocía de antemano las diligencias judiciales. Asimismo, pudo anticiparse y deshacerse de la droga que llevaba encima y que guardaba en el locker de un gimnasio del centro comercial de la calle Güemes.

Por razones técnicas, Tapia rechazó el pedido de detención de manera que los fiscales decidieron citar a José a declaración indagatoria en el marco de la audiencia del artículo 308 del Código Procesal.

“La conducta de Miguel José resulta descalificable desde todo punto de vista, no sólo por haber anoticiado a un narcotraficante de la existencia de una investigación en su contra y de buena manera haber ayudado a que el mismo en definitiva terminara por fugarse, hecho de por sí gravísimo, sino también porque le importó nada tirar por la borda el trabajo de más de cinco meses de sus propios compañeros”, dijo esta tarde Pettigiani a LA CAPITAL.

Luego agregó que “esta filtración de información debería ser un llamado de atención para todos los que integramos el Poder Judicial, porque así como muchas veces desde nuestro lugar nos rasgamos las vestiduras denunciando a los cuatro vientos cualquier conducta desleal cuando esta proviene de las fuerzas policiales, aquí el puñal por la espalda vino desde adentro y eso es peor”.

Los hechos

El 3 de febrero pasado, en horas de la tarde, Prefectura Naval desplegó gran cantidad de personal para allanar 7 domicilios y atrapar a los integrantes de la banda investigada en el Operativo “Elmer”. Esta organización vendía drogas a clientes VIP y para actuar con tranquilidad tenía contactos con algunos policías infieles –trata de investigarse esa línea también. Durante el procedimiento resultaron detenidos la novia de Arce, un ex policía y dos vendedores. En cambio, Arce logró escapar por haberse anticipado a los operativos.

Es que la investigación reveló que entre la noche del 29 de enero y la tarde del 3 de febrero Arce sabía que lo estaban cercando. Por ello se puso en contacto con su proveedor y le pidió que durante algunos días no le mande “plata”, uno de los subterfugios utilizados para no mencionar por teléfono la palabra cocaína.

También en ese período Arce cambió su número telefónico y hasta pidió desbloquear dos nuevos aparatos, lo que evidenció que estaba al tanto ya del avance de la investigación en su contra. Por si fuera poco, después de casi un mes regresó al gimnasio en donde las tareas de inteligencia revelaron que guardaba estupefacientes. Se cree que en esa media hora que permaneció en el lugar retiró cocaína del locker que alquilaba. El día de los procedimientos, la policía apenas encontró un envase con restos de esa sustancia y no la cantidad que se esperaba hallar.

Gustavo Arce, el narcotraficante favorecido por la filtración.

Por esos días, más precisamente el 31 de enero, la intervención a la línea telefónica de Arce les permitió a los investigadores detectar dos llamadas con José. La situación es tan grave que en el informe de la fiscalía se sostiene que “semejante conducta -una verdadera afrenta y un baldón para la pesquisa y para el Poder Judicial todo- configuraría -prima facie y sin perjuicio del encuadre legal que en definitiva pudiere corresponder- los delitos de Encubrimiento Agravado y Violación de secretos (conf. artículos 73 inciso 2, 77, 157, 248 y 277 incisos 1.a, 3.a y 3.b), circunstancia que en definitiva y por sumo respeto al Servicio de Justicia, debería ser investigada hasta las últimas consecuencias”.

Llegado el día de los allanamientos, Arce preparó su camioneta Fiat Fiorino –la misma con la que discretamente hacía algunos repartos de droga- y salió de su casa mucho antes de que llegara Prefectura Naval. Por la zona solo circulaba un móvil no identificable de esta fuerza que al ver escapar a Arce intentó perseguirlo. El narco entonces no lo pensó dos veces y chocó ese vehículo para poder completar su huida.

Arce se llevó consigo el teléfono celular que tenía intervenido y que usaba para proveerse de drogas y contactar a sus clientes. La filtración de información impidió no solo su detención sino el secuestro de dicho aparato que hubiera suministrada a la Justicia datos relevantes.

Más allá del destino de la acción penal contra “Maiky” José no se descartan inmediatas sanciones administrativas dentro del mismo Juzgado de Garantías Nº3 a cargo de la jueza Rosa Frende. De todos modos, José se encuentra de licencia.

Arce continúa al día de hoy con paradero desconocido.