Las declaraciones del Presidente de la Nación y el Ministro de Defensa con relación a un “nuevo rol” de las Fuerzas Armadas en la “colaboración” en seguridad interior es una noticia que es mala y es peor. Es mala porque esta “estrategia” ha fracasado en todos y cada uno de los intentos de aplicación que ha tenido, en países del mundo, en general, y de la región, en particular. Es peor porque implicaría romper con uno de los acuerdos más extendidos entre académicos, especialistas y actores de los sistemas de Seguridad y de Defensa; además, por vías ilegales.

Un análisis más profundo deberá esperar a que se conozca el alcance de los decretos que den base a estas intenciones (que deberán ser evaluados a la luz de los cambios recientes a los límites de las áreas fronterizas nacionales). Pero es indiscutible que una reforma como la que parece pretenderse requeriría modificar tres leyes cruciales de la temática, que además resultan ser fundacionales de la democracia argentina: la de Seguridad Interior, la de Defensa y la de Inteligencia. Serían necesarios, entonces, un debate social amplio y la intervención del Congreso Nacional. Cualquier otro procedimiento será ilegal.

Con algo más de especificidad, este propósito de utilizar a las Fuerzas Armadas para el abordaje de todos o de algunos delitos (habitualmente, enmarcado en una declamada “guerra contra el narcotráfico”, enfoque descalificado por las Naciones Unidas por considerarlo un error incalificable) se experimentó con más notoriedad en Brasil, Colombia y México. En los tres países están reviéndose las decisiones en este sentido, por el fracaso que significaron en dimensiones diversas.

En México, en particular, el propio ejército ha cuestionado la decisión política de involucrarlo en tareas para las que no está preparado. Además, allí –como en otros casos– aumentaron las violaciones de derechos humanos, las desapariciones de personas y la violencia en general. El presidente electo López Obrador se ha comprometido a rever esta medida, que trajo aparejadas muertes que se cuentan en cientos de miles, entre sus primeras acciones de gobierno.

Lo que sabemos por las experiencias en otras latitudes es que una pretendida solución como esta, aun restringida a cuestiones específicas como la narcocriminalidad, el “terrorismo” o el control de las fronteras, agrava los problemas que desde el discurso se aspira a paliar. En todos los casos, escaló el nivel del conflicto; se corrompieron sectores de las Fuerzas Armadas (aun en países en que esto era impensado y sin antecedentes de participación militar en asuntos civiles o económicos); aumentaron los delitos vinculados con el tráfico de armas y el contrabando, y se generaron tensiones y conflictos con países limítrofes.

Por otra parte, debe subrayarse que las Fuerzas Armadas no están capacitadas para intervenir en seguridad interior: sus integrantes no se formaron para nada semejante. En esto hay que ser claro: la medida sería terrible aun si se entrenara a militares durante años y después se les asignara esas funciones; aquí, como si todo lo anterior no bastara, se aspira a una reasignación de actividades de manera inminente, lo cual aumenta las chances de desastre. Como consecuencia adicional, el riesgo de desprofesionalización de las Fuerzas Armadas y de su desprestigio, como sucedió en los países mencionados, es muy alto. También, el de que se vea resentido su gobierno civil.

Argentina ya cuenta con fuerzas intermedias para tareas especiales. No es admisible la justificación que recurre a la idea de cubrir un supuesto vacío funcional. Por otra parte, se corre así el riesgo de liberar a las Fuerzas Federales de sus responsabilidades habituales, para encomendarles la realización más vehemente de actividades que ahora desempeñan de manera puntual, como la intervención en tareas de control de la criminalidad o la convivencia urbana. Esto también es preocupante.

En el mejor de los casos, esta podría ser otra instancia de demagogia punitiva. Aunque todo hace pensar que es algo más intenso, y que se trata de un avance ilegítimo sobre los derechos de las personas, sin atender a lecciones aprendidas en otros países y en el nuestro, y con probabilidades elevadas, de acuerdo con esas experiencias, de que se esté actuando para sofocar un fuego incipiente arrojándole uno de los combustibles más caros para la democracia.

(*): Doctor en Filosofía del Derecho, docente, consultor internacional e investigador en Seguridad Ciudadana (UNMDP-UNS-ILSED).