Los funcionarios de ley de la Municipalidad manifestaron su fuerte repudio al traslado del contador Germán Stirnemann, ordenado la semana pasada por el intendente Carlos Arroyo: consideraron que se trató de “una sanción encubierta y una forma de castigo”.

El rechazo a la decisión del Jefe Comunal se conoció este martes a través de una carta que fue enviada a Arroyo, el Concejo Deliberante y el Tribunal de Cuentas de la provincia de Buenos Aires. La misiva está firmada por diez funcionarios de ley.

“Queremos hacerles saber nuestra más profunda preocupación, y que debe llamar a la reflexión institucional, acontecimientos que venimos advirtiendo, profundizado ello por hechos recientes que afectan seriamente las condiciones en las que debemos cumplir las obligaciones que nos impone la normativa vigente”, comienza la carta.

Y agrega: “Entre tales acontecimientos que han mostrados una escalada de sucesos, consideramos de extrema gravedad las declaraciones agraviantes en los medios de comunicación, las denuncias ante los organismos de control y los constantes hostigamientos que miembros del gabinete del Departamento Ejecutivo han hecho en contra de funcionarios de ley, buscando instalar en la opinión pública una presunta participación de mafias corporativas en perjuicio de los habitantes de nuestro municipio o acusándonos de ejercer nuestro rol técnico/legal con alguna intencionalidad política”.

La polémica decisión de Arroyo se conoció el jueves pasado cuando trascendió el decreto que disponía el traslado de Stirnemann al Ente Municipal de Deportes (Emder). El intendente tomó la determinación luego de que el contador le respondiera a la Suprema Corte de Justicia  un exhorto en el que daba detalles de la bonificación docente.

Para los funcionarios de ley, el desplazamiento del ex director de liquidación y control de haberes “constituye una sanción encubierta y una forma de castigo”. “No existían motivos reales que justificaran tal remoción. En los años que ha ejercido el cargo, el contador Stirnemann desempeñó su labor con suma idoneidad, honestidad y responsabilidad y se constituyó en un referente indiscutible para todos nosotros en lo relativo a la liquidación de haberes”, explicaron en la carta. Y, agregaron, preocupados: “Las acciones que brevemente hemos reseñado en la no parecen atender otro propósito que intentar menoscabar el marco de independencia, imparcialidad y asepsia técnico/profesional en el que debemos desempeñar las funciones que la ley nos asigna, poniendo en tela de juicio nuestra honestidad intelectual y ética personal, lo que nos constituye a nuestro entender una ofensa que no podemos permitir ni aceptar en honor a la institucionalidad”.

En la carta también se destaca que la ley orgánica de municipales otorga a los funcionarios de ley “el más amplio amparo y resguardo para que puedan ejercer con absoluta independencia sus obligaciones y deberes de control interno, como así también su rol coadyudante de control constitucional”. “Creemos firmemente que los hechos como los aquí narrados y los de público y notorio, no contribuyen de ninguna manera a ducho propósito”, sostuvieron.