BALCARCE (Corresponsal).- El debate sobre la prohibición del uso y venta de pirotecnia en el distrito trajo aparejado un fuerte reclamo empresarial de parte de quienes comercializan y fabrican los elementos que habitualmente se utilizan en la celebración de Navidad y Año Nuevo. Esto provocó que a priori los concejales decidieran posponer el debate de los dos proyectos presentados para el año que viene. Claro está que si los proyectos pasaban de la comisión de legislación al recinto serían aprobados y de esa manera las celebraciones de fin de año en el distrito serían sin pirotecnia o por lo menos con mucho menor volumen de lo habitual.

Sin embargo, una carta documento de la empresa Cienfuegos SA, primero, y luego una nota de la Cámara Argentina de Empresas de Fuegos Artificiales (Caefa) que quiere tener injerencia en la discusión que se planteó sobre la pirotecnia en el distrito pusieron paños fríos a la decisión de darle tratamiento a los proyectos presentados por el Frente Renovador y Cambiemos.

A través de una nota enviada al presidente del Concejo Deliberante, Gustavo Bianchini, la Caefa planteó que “estamos convencidos que el camino es a través del diálogo y la concientización y no de la prohibición que sin dudas provoca la proliferación de productos clandestinos”.

La cámara indicó que “además se perjudica al comercio local, ya que “las personas que desean celebrar con pirotecnia terminan comprando en comunas o ciudades vecinas”.

Para el organismo existe “una mayoría silenciosa” que disfruta de los fuegos artificiales y que también tiene derecho de ser respetada. Por ello, entiende que se debe que lo que se debe hacer es una campaña para que los elementos pirotécnicos se usen a conciencia y se eviten “abusos y la ilegalidad”.

En tanto, el apoderado de una de las empresas fabricantes más importantes en la Argentina, José Antonio García, presentó una carta documento en el Concejo Deliberante ante “la posible sanción y consecuente promulgación de cualquier tipo de prohibición que sería completamente contrario a dicha Ley y generaría un conflicto legislativo”.

En la carta menciona que se pondrían en juego fuentes de trabajo teniendo en cuenta que “la industria genera más de 6 mil puestos de empleo permanente y alrededor de 50 mil en forma indirecta”.

La empresa amenazó a las autoridades con iniciar acciones judiciales de seguir adelante con la promulgación de la medida. “De no mediar una solución total e incondicional nos veremos obligados a iniciar inmediatamente en su contra, del municipio y de la gestión, todas y cada una de las acciones legales que por ley nos corresponden”, expresó García.