El suspendido fiscal Julio César Castro, quien estuvo a cargo de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales, escuchará el próximo miércoles desde el banquillo de los acusados el veredicto en el juicio oral en su contra por presunto abuso sexual con acceso carnal y lesiones leves agravadas por haber mediado un contexto de violencia de género.

Los hechos por los que el suspendido representante del Ministerio Público Fiscal es juzgado en un debate conducido por el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional número 8 de la Capital Federal tienen como víctima a su ex pareja, 25 años menor que él, y se remontan al período entre octubre de 2016 y marzo de 2017.

La seguidilla de episodios comenzaron en octubre de 2016 con un hecho de abuso sexual, continuaron en noviembre de ese año con lesiones y prosiguieron en enero de 2017 con un nuevo hecho de abuso sexual que, dos meses más tarde, sumó otra agresión física que dejó a la víctima con el brazo lastimado.

Para la fiscal que interviene en el debate, Luz Castany, existía una “profunda asimetría” entre la víctima y el victimario, por ser ella una joven abogada que recién iniciaba su carrera profesional y él un reconocido fiscal, con 35 años de trayectoria, a cargo de la Unidad Fiscal especializada en Delitos Sexuales (ex UFISEX) en plena carrera para convertirse en camarista.

Teniendo en cuenta ese contexto, como así también las pruebas y circunstancias de los hechos, la fiscal solicitó que se condene a Castro a seis años y seis meses de prisión, por considerar acreditada su responsabilidad en los delitos de abuso sexual con acceso carnal reiterado en dos oportunidades en concurso real con lesiones leves, en perjuicio de su ex pareja, y en un contexto de violencia de género.

“Castro gozaba de reconocimiento en el ámbito judicial, era una persona influyente, con contactos; o al menos esa era la impresión que quería causar en la víctima, quien lo admiraba y respetaba profundamente”, sostuvo Castany durante su reciente alegato en el juicio, iniciado en julio pasado.

De acuerdo con lo pautado en el debate, el miércoles próximo a partir de las 14 el suspendido fiscal tendrá que volver a sentarse en el banquillo de los acusados, esta vez para hacer uso, si es que así lo desea, del derecho a pronunciar sus últimas palabras antes del veredicto del Tribunal, que se conocerá en la misma jornada tras un cuarto intermedio.

Al fundar su pedido de condena, la representante del Ministerio Público Fiscal pidió al TOCC 8 que también pondere los antecedentes de Castro, quien acumuló varios sumarios administrativos por denuncias de acoso sexual.

De hecho, en las pesquisas realizadas en esos sumarios, tramitados en la Procuración, la fiscal federal Laura Mazzaferri no sólo había considerado probados los hechos sino que había señalado la existencia de “un patrón de conducta por parte del fiscal respecto de empleadas o funcionarias mujeres”.

Castro se encuentra actualmente sometido a un proceso disciplinario -equivalente a un jury de enjuicimiento- en la Procuración General de la Nación, organismo que en 2007 lo había designado titular de la unidad fiscal especializada creada para investigar y realizar un mapa de los delitos contra la integridad sexual, la trata de personas y la pornografía infantil.

Al momento de su suspensión, se desempeñaba como fiscal ante los Tribunales Orales de la Capital Federal, en tanto su currículum registra conferencias y mesas redondas sobre trata de personas, prostitución y explotación sexual infantil, y hasta un “reconocimiento y felicitación” del Ministerio de Justicia y Trabajo de Formosa.

En el marco de la instrucción de este expediente, ahora en su tramo final, Castro había asegurado en su defensa ante la Justicia que la denuncia de su ex pareja se basaba en un sentimiento de “despecho” y que jamás había abusado de ninguna mujer.