CIUDAD DEL VATICANO.- El papa Francisco criticó este viernes el “uso arbitrario” de la prisión preventiva, denunció el “lawfare” contra “dirigentes políticos” y pidió que el denominado “ecocidio” sea declarado como un “crimen contra la paz”.

En un discurso a miembros de la Asociación Internacional de Derecho Penal, a los que recibió en el Vaticano, el pontífice dio su visión sobre el “estado actual” de la materia y se enfocó en los “abusos del poder punitivo”.

“En nuestro encuentro anterior señalé con preocupación el uso arbitrario de la prisión preventiva. Lamentablemente, en los años transcurridos desde entonces, la situación se ha agravado en algunos países y regiones donde el número de detenidos sin condena ya supera ampliamente el cincuenta por ciento de la población carcelaria”, les dijo Jorge Bergoglio durante la reunión.

“Este fenómeno contribuye al deterioro de las condiciones de detención y es causa de un uso indebido de destacamentos de policía y militares para esos fines”, lamentó el Papa, en un evento en el que estuvo presente, como único argentino, el jurista Roberto Carlés.

“El encarcelamiento preventivo, cuando es impuesto sin que se verifiquen las circunstancias excepcionales que lo habilitan, o por un período excesivo, vulnera la presunción de inocencia y el principio según el cual todo imputado debe ser tratado como inocente hasta que una condena firme establezca su culpabilidad”, desarrolló luego.

Francisco dedicó uno de los puntos de su discurso al denominado “lawfare” y planteó que “se verifica periódicamente que se ha recurrido a imputaciones falsas contra dirigentes políticos, promovidas concertadamente por medios de comunicación, adversarios y órganos judiciales colonizados”.

“De este modo, con las herramientas propias del lawfare, se instrumentaliza la siempre necesaria lucha contra la corrupción con el único fin de combatir gobiernos que no son del agrado, retacear derechos sociales y promover un sentimiento de antipolítica del que solo se benefician quienes aspiran a ejercer liderazgos autoritarios”, denunció.

Como caso opuesto, según Bergoglio, “es curioso que la utilización de paraísos fiscales, instrumento al que se recurre para encubrir toda clase de delitos, no sea percibida como un hecho de corrupción y de criminalidad organizada”.

“En forma análoga, fenómenos masivos de captación de fondos públicos pasan desapercibidos o son minimizados como si se tratara de meros conflictos de interés. Los invito a todos a reflexionar al respecto”, aseveró.

En esa dirección, el Papa enmarcó su discurso considerando que “el capital financiero global es responsable no solo de graves delitos contra la propiedad sino también de delitos contra las personas y el ambiente”.

“Se trata de una auténtica criminalidad organizada que es responsable, entre otras cosas, del sobreendeudamiento de los estados soberanos y de la depredación de los recursos naturales de nuestro planeta”, planteó.

De cara a los participantes en el XX Congreso de la Asociación, Francisco agregó que “un elemental sentido de justicia impone que algunas conductas, de las que habitualmente son responsables las corporaciones, no queden impunes”.

“En particular, todas aquellas que pueden ser consideradas como ecocidas: la contaminación masiva del aire, de los recursos de la tierra y del agua, la destrucción a gran escala de la flora y la fauna y toda acción con el potencial de causar un desastre ecológico o destruir un ecosistema”, les pidió.

Según el pontífice, “por ecocidio debe entenderse la pérdida, daño o destrucción de ecosistemas de un territorio determinado, de modo que su goce por parte de sus habitantes haya sido o pueda verse severamente menoscabado”, por lo que “se trata de una quinta categoría de crímenes contra la paz que debería ser reconocida como tal por la comunidad internacional”, finalizó.

Nuevo ministro de Economía

Por otra parte, Francisco nombró al jesuita español Juan Antonio Guerrero Alves como nuevo prefecto de la Secretaría para la Economía de la Santa Sede, es decir, el considerado ministro de Economía, un puesto que estaba vacante tras la salida del cardenal australiano George Pell, condenado por abusos a menores.

Guerrero Alves nació en Mérida (España) el 20 de abril de 1959, y desde 2017 es delegado del Superior General para las casas y obras interprovinciales en Roma y consejero general de la Compañía de Jesús. “Como jesuita es una alegría recibir una misión directamente del papa. Es un modo privilegiado de realizar mi vocación”, declaró Guerrero a los medios vaticanos.