El fiscal federal Juan Manuel Pettigiani presentó ante la Fiscalía General una denuncia penal por posible defraudación en perjuicio de la administración pública por parte del gobierno municipal a través del proyecto para implementar las fotomultas.

Pettigiani formuló la denuncia tras leer detalles del plan oficial difundidos esta semana por LA CAPITAL y estimó que el perjuicio para la municipalidad, de aprobarse el proyecto de ordenanza, “rondaría los 50 millones de pesos”.

Las pruebas planteadas por el fiscal son notas periodísticas que mencionan las diferencias entre la licitación pública que impulsaba la anterior gestión municipal y la contratación directa que promueve el gobierno de Carlos Arroyo.

La primera preveía que el 66% de lo recaudado quedaría pare el municipio, el 20% para la provincia y el 14% para la empresa adjudicataria. Pero la nueva gestión desactivó ese proceso licitatorio, al que se habían presentado dos firmas, y propuso un convenio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata, que encargaría las labores técnicas a la Cámara Empresaria de Control y Administración de Infracciones (Cecaitra), justamente la firma que había presentado la documentación menos convincente en la licitación del gobierno anterior.

Lo concreto es que, a través del nuevo convenio, al municipio le quedaría el 40% de la recaudación, el adjudicatario se llevaría otro 40% y la provincia mantendría el 20%.

El proyecto ya fue aprobado por la comisión de Transporte del Concejo Deliberante, pero antes de que pueda ser considerado en el recinto necesita los avales de otras dos comisiones: Legislación y Hacienda. Esta semana, en conferencia de prensa, el propio Arroyo solicitó al Concejo que apruebe el expediente.

Con todo, Pettigiani propuso que “se soliciten de manera urgente los expedientes municipales relativos a la contratación directa del sistema de fotomultas”.