Controlar y ordenar el tránsito vehicular es un tema serio. Más aún en Mar del Plata, una ciudad donde se conduce mal, la educación vial flaquea y las víctimas de accidentes, decenas de ellas fatales cada año, son una triste constante. Por eso afirmar con absoluta liviandad que la aplicación de un sistema con nuevas tecnologías para detectar y sancionar a infractores permitirá que la comuna se haga “millonaria”, tanto como para “prestarle plata a la Provincia”, es por lo menos un despropósito. Aún más grave si quien lo sostiene es el propio jefe comunal, que no sólo demuestra nuevamente poca idoneidad sino también confundir fines y medios convenientes y correctos, además de manifestar una voracidad recaudatoria preocupante que nada tiene que ver con cuidar el bolsillo del vecino al cual debería representar mejor y proteger.

Porque multar con el prioritario objetivo de recaudar va a contramano no solo de las leyes sino del verdadero objetivo a perseguir, que no puede ser otro que una política integral factible de devolver orden en las calles y generar conciencia entre los conductores, expuestos sí a sufrir desde el bolsillo a la hora del exceso y la indisciplina que ponen vidas en riesgo. Las de terceros. Y también la propia.

El municipio de General Pueyrredon hace tiempo que trabaja para la implementación de este sistema de instalación de radares en vía pública que, con avales y también críticas, acumula experiencia en distintos distritos del país.

Durante el último año se desarrolló el proceso de licitación que avanzó tanto como para llegar a instancia de presentación de ofertas, con dos firmas en condiciones de quedarse  con la explotación del servicio.

La  actual gestión comunal prefirió suspender aquella  convocatoria para encarar un convenio mediante el cual, en forma directa, concedería el  sistema de fotomultas a la filial La Plata de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN). Un cambio de planes que merece un análisis más profundo del prestador elegido y que,  en términos de resultados económicos, asoma desfavorable para las arcas municipales.

El secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, confirmó que lo recaudado con este mecanismo de detección, elaboración y cobro de  infracciones de tránsito se dividirá  en tres partes: un 40% para el Municipio, un 20% la Provincia y el restante 40% para la UTN. Un verdadero despropósito si se tiene en cuenta que en los pliegos licitatorios se contemplaba un 66% de esos ingresos para la comuna y apenas un  14% para  el adjudicatario privado.

Este abrupto giro también demanda una revisión desde lo legal. Habrá qué ver si el sistema por aplicar sintoniza y cómo con la ley 24449 de seguridad vial, que en el inciso G de su artículo 69 establece “prohibir el otorgamiento de gratificaciones del Estado a quienes constaten infracciones, sea por la cantidad que se comprueben o por las recaudaciones que se realicen”.

La restante advertencia pasa por el prestador elegido, que por tratarse de una universidad estatal no requiere el habitual procedimiento de llamado a licitación. La UTN La Plata acarrea una denuncia  por asociación ilícita y enriquecimiento ilícito por supuestas irregularidades en el sistema de fotomultas que brindó hace algunos años en la capital provincial. El diputado nacional Alberto Asseff llevó el caso hasta la Oficina Anticorrupción, donde el trámite está en instancia de resolución.

Ahora trasciende que la misma casa de estudios brindaría sus servicios en General  Pueyrredon con la colaboración de Cecaitra (Cámara de Empresas de Control y Administración de Infracciones de Tránsito de la República Argentina), que aportaría soportes en cuestiones de instalación de equipos y mantenimiento. Que el acuerdo con una universidad pública no sorprenda con beneficios ocultos para un privado. Y que intereses particulares que nada tienen que ver con el Bien Común no burlen la posibilidad de una licitación pública, abierta y transparente.

El Frente Renovador entiende que el Estado municipal, más aún en emergencia económica, no puede darse el lujo de resignar livianamente un 26% de una recaudación que se presume millonaria. Equivoca el rumbo este gobierno si deja de lado una licitación para quedarse  con un convenio que, a la luz de los números, es sin dudas desventajoso para nuestro distrito. Mucho más si cree que esquilmar a vecinos y turistas es un atajo posible para aliviar sus cuentas y gestión deficitarias. El sistema de fotomultas de ninguna manera puede ser para  recaudar a cualquier costo. Esperemos que el Ejecutivo local nos escuche y empiece a tomar en serio sus responsabilidades: un buen gobierno no se hace empobreciendo a sus ciudadanos y lanzando frases hechas, sino con rumbo claro, proyectos estudiados y equipos solventes.