En la antesala del reinicio del tratamiento legislativo del proyecto para aplicar fotomultas, la jefa del bloque de Acción Marplatense, Claudia Rodríguez, se sumó a los concejales opositores que en los últimos días lanzaron duras críticas a la iniciativa.

Rodríguez sostuvo que el intendente Carlos Arroyo “debe varias respuestas” en relación con la contratación directa que pretende para el control del tránsito”.

“Podemos coincidir en que el transito está cada vez peor, al igual que la basura en las calles, el alumbrado y varios aspectos más de la vida marplatense que se encuentran afectados por la falta de gestión. Sin embargo, hay varias preguntas sin respuestas”, dijo. “En primer lugar, nadie del gobierno explica por qué se hace una contratación directa y no una licitación transparente”, lanzó.

El proyecto oficial que trata el Concejo propone un convenio entre el municipio con la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) de La Plata. Antes de enviarlo al Concejo, el año pasado, el intendente desestimó una licitación que había abierto el gobierno de su antecesor, Gustavo Pulti, de Acción Marplatense.

“Cuando asumió Arroyo había una licitación abierta, con dos ofertas formalmente aptas, lo cual prueba que es posible licitar”, mencionó Rodríguez.

La concejal hizo hincapié en la distribución de la recaudación por las fotomultas. Puntualizó que mientras la licitación preveía que a los privados fuera “el 16% de lo recaudado”, la contratación de Arroyo le otorgaría el 40%. Según Rodríguez, “no está explicado el motivo por el que ahora se quiere hacer ver como más conveniente pagar comisiones por el 40% a los privados en lugar del 16% de lo recaudado que, en la licitación referida, se había ofrecido, demostrando así que pagar mucho menos es posible”. Y advirtió que “exactamente dos veces y media más se paga ahora que antes”.

Para Rodríguez, otro interrogante “sin respuesta” es el de las inversiones “, porque “así como es claro que los privados cobrarán ahora muchísimo más que antes, cláusulas opacas y ambiguas siembran dudas sobre cuál será la inversión que este nuevo contrato les exige”.

La edil aseguró, sin embargo, que “el más intrigante de los porqué sin respuestas, con puntos suspensivos, que tiene esta contratación directa es el que interroga sobre el rol del señor Felipe Yannaduoni”.

Rodríguez hizo notar que, en el expediente, Yannaduoni aparece como director de Proyectos de Seguridad Vial de la UTN La Plata, mientras que ese mismo nombre, en Linkedin, identifica al vicepresidente de Cecaitra, que es la cámara empresaria que nuclea a las empresas que proveen equipamiento tecnológico para el control del tránsito”.

La concejal alertó que “otros antecedentes también registran el vínculo de Yannaduoni con empresas privadas y con contratos controversiales en Tucumán”. Y se preguntó: “¿El señor Yannaduoni es académico o empresario? ¿Trabaja como investigador, como docente o como gestor de intereses privados?”. A su entender, “este último interrogante es mucho más que una pregunta”, por lo que “llama la atención el silencio frente a la pregunta”.

Los cuestionamientos de Rodríguez se suman a los que la semana pasada formularon el concejal del Frente para la Victoria Marcos Gutiérrez y la bancada Crear, compuesta por Lucas Fiorini y Alejandro Carrancio.

El tratamiento del proyecto será retomado el lunes por la Comisión de Legislación luego de que el avance del expediente quedara congelado en diciembre, tras la presentación de una denuncia penal del fiscal federal Juan Manuel Pettigiani por posible defraudación, que fue archivada por la Fiscalía de Delitos Económicos N° 10.

El convenio fue avalado en diciembre por la Comisión de Transporte y, si pasa el filtro de Legislación, también deberá ser abordado por la Comisión de Hacienda antes de quedar en condiciones de ser considerada en el recinto.