El fiscal Alejandro Pellegrinelli recibirá en la mañana de este viernes a los padres de la alumna que perdió casi la total de la capacidad auditiva tras la explosión de un artefacto casero en el interior del colegio Don Bosco.

El motivo de la audiencia es informar sobre los lineamientos investigativos y coordinar distintas medidas de pruebas con Matías Zabaleta y su esposa, quienes ya se constituyeron como particulares damnificados con el asesoramiento legal de Adelina Martorella.

Pellegrinelli interviene en la causa desde el miércoles, cuando la fiscalía de Delitos Culposos declinó su competencia al entenderse que el delito configurado inicialmente es de orden doloso, tal como lo indica el artículo 186 del Código Penal.

El pasado 8 de julio, en la galería de planta baja durante el segundo recreo, se produjo la explosión de un artefacto de fabricación casera que otros alumnos habían logrado ingresar a la escuela para realizar un reto difundido por la plataforma “Tik Tok”. La “bomba” en verdad era una botella plástica a la que se le introducía cloro y agua para provocar una reacción química cuya liberación de gases derivaba en una explosión.

Al detonar la botella, la alumna Azul Zabaleta (15) sufrió aturdimiento y un desmayo. Distintas evaluaciones médicas posteriores confirmaron la pérdida de un 96% de la capacidad auditiva.

Tras el hecho, los abuelos de la alumna que estaban en la escuela para un retiro anticipado recibieron la novedad y entonces se sucedió una secuencia de episodios que hoy están siendo cuestionados por la familia.

La menor fue trasladada a un centro asistencial por sus padres ante la demora de la ambulancia que había sido solicitada por la escuela.

Los que pasó luego

De acuerdo a un informe interno de la institución de Belgrano y Don Bosco, a poco de escucharse el estruendo el vicedirector bajó al lugar e hizo recoger los restos de la botella y del tacho de basura en donde había sido colocada para hacerla estallar.

Una fotografía tomada y enviada al propio padre de Azul ante su requerimiento es, al día de hoy, la única prueba preservada. Claro que se trata de una evidencia insuficiente, tan así que el fiscal Pellegrinelli envió al colegio un oficio solicitando se haga entrega de esos restos de botella y el tacho basura si es que todavía los tienen. El propósito es poder realizar un peritaje.

Lo que surge del expediente es que las autoridades de la escuela nunca llamaron a la policía y por eso hoy no existe ningún peritaje que pueda determinar qué fue lo que explotó y lesionó a la alumna.

Por otra parte, desde la institución que pertenece a la orden de los Salesianos, se dio a conocer -al menos a los medios de comunicación y a los padres de Azul- que no sabían quiénes habían sido los autores. LA CAPITAL pudo saber que el 9 de agosto el director y el vicedirector mantuvieron una entrevista con la madre de un alumno al que otros señalaron como el responsable del hecho. En su transcurso, no obstante, se estableció que el menor afirmó que él no fue el autor.

La decisión de los padres de Azul de llevar a la Justicia Penal lo sucedido fue tomada el 19 de julio y anticipada a la escuela una semana antes, apenas cuatro días después de la detonación. En un principio el expediente quedó radicado en la fiscalía de Delitos Culposos y ahora tramita en la UFI N°5, aunque si se determina que los autores son menores de edad -como se supone- recalaría en el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil.

Trascendió en la comunidad educativa que ya se conocerían los nombres de los dos varones que ingresaron el artefacto y que luego lo hicieron detonar, por lo que no se descarta que en los próximas días puedan producirse novedades en cuanto a una posible imputación de responsabilidades.