Por Ramiro Melucci

La composición del Concejo Deliberante que la semana pasada celebró su última sesión y se despedirá oficialmente en los próximos días, la primera con la que le tocó convivir a Guillermo Montenegro, debería ser más recordada por la gran cantidad de consensos que alcanzó antes que por las peleas y las chicanas.

Pese a que el oficialismo no contó –ni contará– con mayoría ni quórum propio, ninguna de las iniciativas que envió el intendente para lidiar con la pandemia fue rechazada. Mar del Plata se convirtió incluso en una de las primeras ciudades en declarar la emergencia sanitaria, antes que el propio gobierno provincial.

Montenegro tampoco encontró escollos para aprobar la mayoría de sus propuestas de gobierno, como los presupuestos y las ordenanzas fiscal e impositiva, el régimen para facilitar las habilitaciones comerciales, el Compre Marplatense, el Distrito Tecnológico, las normas para reactivar la construcción o la municipalización de guardavidas.

Buena parte de esas iniciativas fueron sancionadas por unanimidad, con el apoyo del opositor Frente de Todos, y otras por mayoría simple, en virtud del acuerdo de gobernabilidad que selló Montenegro con el líder de Acción Marplatense, Gustavo Pulti. La convivencia armónica que garantizaron el oficialismo y la oposición en las comisiones internas y el recinto es atribuible sobre todo al vínculo que forjaron el presidente del Concejo, el radical Ariel Martínez Bordaisco, y el jefe del bloque del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez. Ninguno de los dos seguirá en el cuerpo.

La Comisión de Reactivación Económica, que recomendaba la apertura de actividades cuando regían las restricciones, constituyó en un primer momento la mejor señal de la buena relación entre Juntos por el Cambio y la oposición, pero tras la salida de Gutiérrez devino en un símbolo de la grieta. La desconfianza entre los concejales de Montenegro y los que responden a Fernanda Raverta derivó luego en fuertes disputas sobre la aprobación de normas para reabrir actividades, como la gastronómica, pero ni en esos momentos faltó el acuerdo: resultó clave la la sanción de la propuesta kirchnerista para establecer corredores gastronómicos en la previa de la temporada anterior.

La convivencia armónica que garantizaron el oficialismo y la oposición en las comisiones internas y el recinto es atribuible al vínculo que forjaron el presidente del Concejo, Ariel Martínez Bordaisco, y el jefe del bloque del Frente de Todos, Marcos Gutiérrez.

Los asuntos vinculados con el transporte público de pasajeros mostraron las divergencias más profundas. Los aumentos de boleto no se aprobaron en el recinto, sino que el oficialismo apenas juntó los votos para concederles las facultades al intendente. Y el pliego del transporte, nave insignia de Montenegro para mejorar el sistema de colectivos, naufragó en las aguas turbulentas de la interna de Juntos por el Cambio. Es la principal deuda que deja la composición legislativa que se despide esta semana.

La ordenanza para comenzar la red de ciclovías, en cambio, no sucumbió en el recinto sino todo lo contrario: tuvo aval unánime. El problema se presentó después: no se construyó ni un metro. El gobierno adujo insuficiencia de fondos; la oposición pone en duda la decisión política.

La contienda electoral lo llevó al intendente a exagerar. “Lo único que uno pretende es que la responsabilidad sea con los marplatenses y a partir de ahí generar una discusión constructiva. Si me decís que no a tal planteo, ¿cuál es la opción superadora que hay?”, dijo días antes de las elecciones legislativas en referencia a la oposición.

En aras de pedir votos de confianza para sumar más concejales propios, Montenegro daba a entender que la oposición solo decía que no a las iniciativas oficiales sin proponer nada a cambio. Lo dijo un día antes de que se aprobara la propuesta del Frente de Todos para devolver el Fondo de Promoción Turística en a su fin original.

La última controversia entre concejales que se van ocurrió la semana pasada y pasó casi desapercibida. El jefe del bloque del Frente de Todos acusó a la radical Cristina Coria, presidenta de la Comisión de Legislación, de incumplir el reglamento interno por no poner en tratamiento expedientes solicitados por la oposición.

Uno de ellos era la propuesta para prevenir delitos en la Zona Roja, sobre la que no hay consenso porque las aguas están bien divididas: para el Frente de Todos es la herramienta para empezar a solucionar un problema histórico y para el oficialismo no resuelve absolutamente nada. “Propone que el Ejecutivo acuerde con quienes ejercen la prostitución un lugar sin frentistas. ¿Y si no hay acuerdo?”, se preguntan los que hablan en nombre de la gestión.

En este asunto el oficialismo padece una carencia: no tiene un plan propio y, cuando lo tuvo (el traslado de la Zona Roja a la diagonal Canosa), se pareció demasiado a un globo de ensayo. Y como tal se pinchó enseguida. 

El mérito de aquella controvertida iniciativa –también hay que reconocerlo– fue abrir el debate sobre un tema que semejaba una brasa caliente.

El pliego del transporte, nave insignia de Montenegro para mejorar el sistema de colectivos, naufragó en las aguas turbulentas de la interna de Juntos por el Cambio. Es la principal deuda que deja la composición legislativa que se despide esta semana.

El primer debate de fondo de la nueva composición del Concejo será el del presupuesto y los aumentos de tasas, que todavía no fueron presentados por el Ejecutivo. Debía hacerlo, de acuerdo al primer plazo solicitado, el martes pasado. Pero pidió que se prorrogue hasta el 15 de diciembre.

Sería el plazo definitivo por un detalle esencial: el principal argumento para solicitar más tiempo, el de la falta de pormenores sobre los recursos que llegarán de Provincia, empieza a caerse tras presentación del presupuesto bonaerense.

Los concejales de Juntos por el Cambio no se desesperan por iniciar el tratamiento de las normas medulares de la gestión. Por la sencilla razón de que no juntan los votos para aprobarla. A pesar de que el recambio legislativo los favorece, seguirán en desventaja en la asamblea de concejales y mayores contribuyentes, la anacrónica institución que debe confirmar las ordenanzas fiscal e impositiva.

Recién en mayo será renovada la nómina de mayores contribuyentes (cada uno responde a un concejal). Mientras tanto, al interbloque oficialista, compuesto por Vamos Juntos, la UCR y la Coalición Cívica, no le alcanzará con un acuerdo con Acción Marplatense para sancionar las normas. Necesitaría un guiño del Frente de Todos. O armarse de paciencia.