Generalmente se desarrollan en locaciones alejadas del centro y se cobra una entrada -de entre 100 y 150 pesos- que permite el acceso al festejo con barra libre. Como no existen los controles, muchos de los asistentes son menores de edad.
La invitación promete diversión, alcohol y música hasta el amanecer. Abierta a todos, en realidad, a todos los integrantes de uno de los grupos cerrados de Facebook, la vía de difusión elegida. Así se hace la convocatoria, con fecha y dirección, para acceder a la fiesta que se desarrolla en alguna casaquinta o finca alejada del centro de la ciudad.
Y en la casa sin muebles, o en el jardín de la misma si el clima acompaña, tiene lugar la fiesta privada con alcohol y demás yerbas, de las que pueden participar menores porque no hay control de ningún tipo.
Aunque estas fiestas clandestinas existen en la ciudad desde hace tiempo, ganaron mayor notoriedad la semana pasada después de que una de ellas terminara con un muerto en el Gran Buenos Aires.
“Pagás una entrada, que puede ser de 100 o 150 mangos y tenés barra libre. Hay de todo, pero nunca estuve en una con tanto descontrol como la del otro día en (el Gran) Buenos Aires, a lo sumo alguno vomita porque se pasó de mambo, pero no son tan cabezas como para ir con armas”, relató Franco, que aseguró que “en una época se hacían mucho en el sur, tipo Acantilados, y ahora se movieron a Santa Clara”.
En muchos casos, los jóvenes no conocen al organizador -que suele alquilar la casa- y llegan a través de la convocatoria en las redes sociales o por “un amigo de un amigo”.
De hecho, a principio de mes, la Municipalidad clausuró uno de estos festejos en una casa del barrio San Patricio, en la que encontraron a casi mil personas (400 menores) y aproximadamente 800 litros de alcohol.
Otro eslabón en esa cadena de diversión la componen los móviles, en general combis, que trasladan a los chicos desde distintos sectores céntricos hasta el lugar de festejo.
Eventos
Las fiestas privadas en predios, quintas o complejos recreativos están inmersas en un “limbo legal”, donde los distintos niveles del Estado tienen dificultades para acceder. A fines de 2014 y en el tercer trimestre de 2015, inspectores municipales y funcionarios del Registro Unico de Bebidas Alcohólicas (REBA) realizaron operativos sorpresa y tareas de “inteligencia” en redes sociales para detectar estos festivales en la provincia de Buenos Aires.
Hicieron inspecciones en 157 fincas y alcanzaron a clausurar unos 28 eventos programados en propiedades particulares o lugares abiertos preparados con barras, equipo de sonido y centenares de litros de bebidas.
Pero en abril pasado, el REBA pasó a depender del Ministerio de Seguridad y desde entonces las tareas preventivas se detuvieron. El organismo siguió con los controles en bares, confiterías y boliches para evitar la venta de alcohol a menores, prohibida por la ley provincial. En 56 municipios supervisó 960 locales, labró 480 infracciones y decomisó 600 mil botellas.
En general, a las fiestas clandestinas llegan las autoridades por denuncias de vecinos.
Convocatoria
La convocatoria pasa por las redes sociales, especialmente por Facebook y a través de grupos cerrados. Los organizadores, en la mayoría de los casos, son jóvenes con experiencia en la noche que buscan un DJ, compran las bebidas y (en algunos casos) contratan servicios de seguridad.
La entrada muchas veces incluye el traslado desde algún punto céntrico y barra libre, por lo que muchas veces los jóvenes “no saben ni lo que toman, pero bueno, imaginate que por esa plata mucho no podés pretender”, contó María, de 19 años.
“Ahora no hay tantas, hubo como un boom hace 4 o 5 años, que era una proliferación y había hasta por el barrio. Pero por las denuncias de los vecinos se fueron alejando y ahora lo que hay son muchos after hour”, señaló Cruz, de 21 años.
Aunque en las fiestas clandestinas hay “cachengue”, es decir “música de todo tipo, barra libre y algún porro o te pueden vender alguna pepa, al ‘after’ van los seguidores de la música electrónica, que una vez que cierra el boliche eligen terminar en otro lado”, explicó un joven que prefirió el anonimato.
“Joditas hay como hubo siempre. Y hay de todo, como en cualquier lado, pero nadie te va a ofrecer nada porque sí. Por ahí si te conocen y saben que consumís te convidan, pero no es que regalan como caramelos”, resumió Facundo.
Además, describió que “te podés volar la cabeza como en un boliche, lo que pasa es que en las fiestas en general hay barra libre, entonces ni sabés qué te ponen y por ahí terminás dado vuelta”.
Convocatoria
Según anunciaron la semana pasada, después de la fatídica fiesta de Moreno, el REBA enviará “espías” a las fiestas clandestinas que se promocionan por internet y redes sociales para constatar si en esos lugares se vende alcohol en forma ilegal y de esa manera poder actuar de oficio para eventuales clausuras.
Es, dicen, la manera que encontró el gobierno para tratar de frenar el descontrol en los bailes privados como el que terminó con la muerte de Nicolás Rivero (19), en el festejo por el Día de la Primavera el martes pasado.
Una breve recorrida por las redes sociales permite detectar invitaciones, algunas privadas y otras abiertas, para ser parte de otras “reuniones” o festivales organizados por relacionistas públicos o clubes que utilizan predios o complejos al aire libre.
Control oficial
En la provincia de Buenos Aires rige un “Código de Nocturnidad”, derivado de la ley 14.050, que regula la actividad de boliches, bares, confiterías y locales de esparcimiento. Pero también -de acuerdo con ordenanzas municipales- determina los requisitos para realizar “fiestas privadas”.
Aunque no es uniforme en todas las comunas, en general la exigencia rige para realizar una graduación, un festejo social en un club o una fiesta de fin de año, por ejemplo.
El primer paso es gestionar ante la municipalidad el permiso con el detalle del lugar elegido. Se requiere instalación de baños químicos, medidas de seguridad y la presencia de una ambulancia. Una semana antes de la fecha pactada, el sitio es revisado por un inspector.
El funcionario establece la capacidad máxima y revisa el cumplimiento de las medidas de prevención. En caso de aprobarla se otorga la “habilitación provisoria” al responsable de la fiesta, que puede realizar una por mes y tiene que pagar una tasa que varía según el número de concurrentes permitidos.
Eso es teoría, porque en la práctica sólo unos pocos cumplen con todos los requisitos.