El canciller Jorge Faurie dijo hoy que la situación del príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohamed bin Salam, sospechado de estar vinculado a violaciones a los derechos humanos en su país y en Yemen, “goza de inmunidad de jurisdicción e inviolabilidad personal”.

“Es un jefe de gobierno, es el hijo del rey de Arabia Saudita, príncipe reinante y heredero, lo cual lo pone en un tramo de la inmunidad de jurisdicción que se le otorga a los presidentes, vicepresidentes, ministros y a las autoridades de un gobierno en ejercicio”, explicó el canciller.

Agregó que se trata de un estatus “reconocido en la convención de Viena” y que es “aplicable a los actos de los enviados en misiones especiales. Esta es una misión especial (dijo por la Cumbre), por lo tanto, mientras está en territorio argentino, tiene lo que se llama inviolabilidad de jurisdicción respecto a su persona y a las funciones que cumple”.

No obstante, añadió que “eso no quita que la justicia argentina reciba las denuncias, se hagan las investigaciones, y, en ese contexto, ayer el juzgado federal del doctor (Ariel) Lijo le solicitó a la Cancillería que informemos cuál es el estatus en el que se encuentra, lo que se hizo hoy”.

El juez federal Lijo solicitó hoy a Turquía, Yemen y a la Corte Penal Internacional que le informen si el príncipe saudita Mohammed bin Salman es investigado por crímenes de lesa humanidad.

Lijo decidió librar oficios internacionales ante el pedido del fiscal federal Ramiro González, y por la denuncia formulada por la ONG Human Rights Watch (HRW).

El magistrado dispuso, además, que el Ministerio de Relaciones Exteriores informe sobre el estatus diplomático del príncipe, quien se encuentra en Buenos Aires para participar de la cumbre del G20.

En la denuncia, Kenneth Roth, por la HRW, consideró que el príncipe Salam podría tener responsabilidad en delitos de lesa humanidad en Yemen y en el homicidio del periodista Jamal Khashoggi, en la embajada de Arabia Saudita en Turquía.

Human Rights Watch sostiene la validez de la “jurisdicción universal” para investigar extraterritorialmente delitos de lesa humanidad.