La diputada provincial Alejandra Martínez (FpV) reclamó que el gobierno de María Eugenia Vidal explique los argumentos en base a los cuales dispuso implementar “notorios incrementos” en los valores de los peajes de la Autovía 2, la autopista Buenos Aires-La Plata y otras rutas del Sistema Vial Integrado del Atlántico a cargo de la empresa concesionaria Aubasa.

Según la legisladora marplatense, el Ejecutivo debe exponer cuáles fueron las razones de los aumentos debido a que “ni el texto de las resoluciones administrativas, ni la información brindada por las autoridades del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos y los directivos de Aubasa permite conocer” las motivaciones de la medida.

“Los aumentos no están respaldados por estudios técnicos que los justifiquen”, sostuvo Martínez, asegurando además que “la información brindada no es clara, adecuada ni suficiente” ni “satisfacen los estándares constitucionales y legales aplicables”.

La diputada aseguró que las autoridades están obligadas a exponer ante la ciudadanía qué las impulsó a adoptar la medida “máxime cuando los aumentos no se corresponden con obras o inversiones realizadas, o en ejecución, sino sólo con promesas efectuadas en un año electoral”.

Según recordó, de acuerdo a lo dispuesto por el gobierno, los peajes de Samborombón y Maipú ubicados en la Autovía 2 pasarán de $45 á $75; del mismo modo que en el peaje de La Huella, de la Ruta 11.

“Esto implica un aumento del 66% respecto del precio que regía antes”, indicó.

Martínez exigió que el Ejecutivo justifique la medida a través de un pedido de informes presentado en la Cámara de Diputados, acompañado de otro similar, referido al estado de la Autovía 2 y de la ruta 226.

Al respecto la legisladora advirtió que “se observa en las rutas mencionadas, en especial en los tramos más cercanos a la ciudad de Mar del Plata, accesos, rotondas, etcétera, un estado de deterioro considerable, lo que hace suponer que las concesionarias pudieren no haber cumplido o estar cumpliendo regularmente con las obligaciones contractuales y legales a su cargo”. Según dijo “ello no sólo implica incumplimientos al marco regulatorio y contractual aplicable, sino una clara burla a las autoridades competentes y los usuarios, máxime cuando en los últimos tiempos se han registrado importantes incrementos de los valores tarifarios de peaje en los corredores viales, que no parecen haber traído consigo mejoras en el estado de las rutas, ni contribuciones en la disminución de los siniestros viales”.