El gobierno local elevó al Concejo Deliberante un proyecto de ordenanza para ser más estricto con los grandes locales comerciales que no cumplan la norma que los obliga a colocar cámaras de seguridad en sus ingresos.

El “Programa de Expansión del Sistema Municipal de Videovigilancia”, creado por la ordenanza 21977, establece que grandes superficies comerciales y cadenas de distribución, establecimientos de expansión nocturna, entidades financieras, estaciones de servicio y centros de compras con una superficie superior a 1800 metros cuadrados deben instalar cámaras fijas y una cámara domo –con posibilidad de movimiento remoto desde el Centro de Operaciones y Monitoreo– en cada una de sus entradas.

Especifica además que “las cámaras deberán estar permanentemente captando imágenes, sin perjuicio de que el local comercial se encuentre abierto o no”.

El proyecto presentado ante el Concejo incorpora motivos de sanción para los comercios que incumplan la norma. Mantiene el plazo de cinco días hábiles para intimar antes de labrar una multa. También que ante la falta de instalación o ante la colocación de cámaras que no cumplan las condiciones de funcionamiento exigidas se impondrá una multa de entre uno y cinco salarios mínimos del personal municipal.

Los motivos de sanción incorporados son la falta de captación de imágenes en forma permanente (con una posible multa de entre uno y tres salarios mínimos), la falta de entrega de las imágenes requeridas en el plazo previsto (uno y cinco salarios mínimos) y la divulgación de imágenes o filmaciones, su modificación o supresión (también podrá caber una multa de entre uno y cinco salarios).

“Esta iniciativa se enmarca en las políticas públicas de planificación urbana que viene desarrollando el municipio para contribuir y colaborar con la seguridad comunitaria”, detalla el gobierno entre los argumentos del proyecto, y sostiene que “muchas ciudades y variadas experiencias han demostrado la necesidad y utilidad” de las cámaras “para evitar la consumación de hechos delictivos”.

Menciona que “han sido de utilidad para controlar determinados rubros comerciales que pueden afectar la tranquilidad de vecinos en sus cercanías, así como la preservación y armonía de los espacios públicos”.

También destaca que la demanda de imágenes por parte del Poder Judicial para el esclarecimiento de hechos “se encuentra en constante crecimiento”.

La intención del proyecto es mejorar la observación “de los espacios públicos aledaños a los comercios en cuestión en forma reactiva”, lo que “resulta vital ante emergencias, persecuciones, seguimiento e identificación de personas sospechosas, a efectos de que el personal policial que está acudiendo al lugar cuente con mayor información y pueda tomar correctas decisiones operativas”.