Por Ramiro Melucci

Esta vez no fueron los municipales. Tampoco los guardavidas. Ni los recolectores de residuos. Los que alteraron la marcha de la temporada fueron los maleteros. En pleno enero, con micros que llegaban y se iban repletos por el cambio de quincena, el paro convirtió a la Terminal de Ómnibus y sus alrededores en un pandemónium.

El gobierno municipal tomó conocimiento del conflicto antes de fin de año. En un principio, pareció que lo mantenía bajo control. Pero fue una ilusión. El desacuerdo entre los que cargan y descargan los bolsos de los pasajeros, las empresas de micros y el concesionario de la Terminal estalló y dejó un tendal de afectados que incluyó a turistas y vecinos de la estación.

Cuando el paro ya estaba desatado, el gobierno municipal dijo que el conflicto era de jurisdicción provincial. También habló de las facultades que tiene en la materia la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Y sobre el fin de semana el intendente, que optó por el segundo plano, apuntó que la concesión de la Terminal es del gobierno nacional. Nada que no sea cierto. Pero que no deslinda responsabilidades. Las mejores relaciones con la Provincia y la Nación no alcanzaron para frenar la medida antes del inicio del fin de semana más convocante del verano.

El paro lo terminó levantando, más tarde de lo razonable, una intervención del gobierno nacional. Antes había procurado mediar entre las partes la administración local. Pero las gestiones a lo largo de la semana devinieron infructuosas. Y la participación del intendente exudó cautela.

Los voceros de los maleteros, provenientes de un sector de la CTA Autónoma –la discusión por la conducción de la organización forma parte de una disputa judicial–, están vinculados a funcionarios locales de Desarrollo Social. Uno de los que apoyó el reclamo es Cristian Echeverría, que en las elecciones respaldó a Montenegro. 

Mientras la Terminal era un caos, el Concejo Deliberante comenzó a tratar los expedientes que más le interesan al jefe comunal: el presupuesto y la suba de tasas. La presidenta de la comisión de Hacienda, Virginia Sívori, consensuó un cronograma de visita de secretarios y presidentes de entes para que asistan a explicar las partidas y proyectos de sus áreas. Lo harán de a uno o dos por día en las próximas semanas. Debutará mañana el secretario de Hacienda, Germán Blanco.

Hay un asunto adicional. Si las ordenanzas fiscal e impositiva se pusieran en tratamiento al terminar el desfile de funcionarios, se retrasarían más de lo que el gobierno está dispuesto a tolerar. Es porque recién a partir de la aprobación de esas normas el municipio puede distribuir las boletas con el nuevo valor de las tasas. Se iría más de un mes. La razón es que las ordenanzas tienen un largo curso legislativo: deben ser despachadas por la comisión, luego ser aprobadas en una sesión preparatoria y después por una asamblea de concejales y mayores contribuyentes. Con una condición: entre la primera y la segunda sesión deben pasar al menos ocho días.

Para evitar que los plazos se estiren, la alternativa está pensada: poner en tratamiento el aumento en la comisión el viernes próximo, lo que adelantaría la definición. 

El Frente de Todos ya se manifestó en contra. Ariel Ciano, del Frente Renovador, también. Su postura pone en juego la cohesión de la bancada que comparte con Mercedes Morro, integrante de la comisión de Hacienda, que no emitió opinión. Asoma además un punto corrosivo para la coherencia de Acción Marplatense: el partido del ex intendente Gustavo Pulti fue el principal crítico del bono voluntario para mantener los polideportivos que quiso implementar Arroyo y que ahora retoma Montenegro.

Antes de que se iniciara esa discusión, el presidente del Concejo y los jefes de bloque llegaron a un acuerdo en el ajuste del gasto político, que contendrá una reforma del reglamento interno del cuerpo. El consenso fue presentado sin la pompa con que se anuncian estas medidas. Parte de lo resuelto era que nadie se apropiara del rédito político del acuerdo.

El festival de módulos que antecedió a la discusión había opacado la imagen del Concejo. Lo importante sería que el nuevo sistema aportara transparencia. Lo de la semana pasada fue una señal en esa dirección. Ya es tiempo de que el presupuesto de los bloques políticos pueda salir periódicamente a la luz.

Son interesantes otros movimientos menos ostensibles. El bloque del Frente de Todos propuso crear una comisión de Seguridad Pública en el Concejo. Lo presentó con la firma de Vito Amalfitano. La propuesta, dijo, “está en sintonía con la mirada que la ministra Sabina Frederic tiene sobre la materia”. Fue en medio de la polémica entre la funcionaria de Alberto Fernández y el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, por sus posiciones contrapuestas en la materia. Y después de que el presidente intercediera en favor de Frederic.

La postura de Amalfitano y el bloque de concejales del Frente de Todos refleja la de Fernanda Raverta, ministra de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, que de esa forma también tomó partido por Frederic en detrimento de su compañero de gabinete. Del lado de enfrente se ubicó la exministra Patricia Bullrich, proveedora del secretario de seguridad de Montenegro.