El mundo del revés que en ocasiones no hace más que dejar ver cómo algunos institutos judiciales funcionan en el sentido opuesto a su propio espíritu. Un caso insólito acaba de producirse en el Departamento Judicial Mar del Plata al serle concedida la excarcelación a un hombre por pedido de la familia de la víctima pese a la negativa del defensor, que lo prefería detenido.

Franco Cáceres es el protagonista de esta historia y está acusado de homicidio simple y resistencia a la autoridad ya que el 15 de octubre de 2019 atropelló a Matías González en Fortunato de la Plaza y Udine.

González falleció y Cáceres, con su Bora a toda velocidad, se dio a la fuga, circunstancia que, sumada al contexto, hizo que el fiscal Pablo Cistoldi con la contribución de Rodolfo Moure llevara el caso a un escenario de homicidio con dolo eventual.

El 18 de febrero de 2020 la Justicia de Garantías le había concedido la prisión domiciliaria a Cáceres, con monitoreo, a partir de la inexistencia de circunstancias objetivas que permitieran vislumbrar alguna peligrosidad procesal. Sin embargo, la familia de la víctima se mostró en contra de esta medida porque las condiciones de arresto domiciliario no eran consideradas un castigo, pero sí lo sería posteriormente al dictarse sentencia. Ocurre que si le aplican a Cáceres una condena se contabiliza el tiempo en prisión domiciliaria como pena cumplida.

El caso de Federico Sasso recuerda bien este contrasentido.El joven que mató a la menor Lucía Bernaola solo cumplió 4 meses de prisión en un centro penitenciario y luego lo hizo en arresto domiciliario. Al ser condenado a 6 años de prisión se le contó el tiempo “detenido”, algo que provocó la reprobación de la familia de la menor.

“Por eso, con el riesgo que supone mantener en libertad a una persona que está por ser enjuicida, es preferible que no esté detenida. Si se evalúan los riesgos procesales y éstos no existen, ningún imputado debe estar preso en arresto domiciliario antes de la condena, para que no ocurran estas cosas”, explica una fuente judicial.

El 17 de este mes el fiscal Rodolfo Moure acompañó el pedido de la familia de González y solicitó ante el Tribunal la excarcelación extraordinaria de Cáceres ante el “correcto cumplimiento que viene evidenciando. También porque no hubo hostigamiento o amenazas respecto a testigos”.

Lo inaudito fue que el defensor de Cáceres, el abogado Mariano Ayesa, se opuso a la concesión de la excarcelación y solicitó que se lo mantuviera con la morigeración de la prisión preventiva. “Se mantienen incólumes los riesgos procesales valorados”, dijo en su presentación el reconocido abogado pidiendo una medida más rigurosa para su propio defendido: que no saliera en libertad.

No obstante el tribunal Oral en lo Criminal N°4, que aún no tiene fecha para el juicio, encontró procedente el pedido del fiscal y le concedió la excarcelación extraordinaria a Franco Cáceres. En el fallo se le imponen algunos requisitos como fijar residencia en la provincia, presentarse ante cada llamado, someterse al cuidado del Patronato de Liberados, no salir del país, no acercarse a la familia de la víctima.

Lo más probable es que Ayesa apele esta decisión y por lo tanto, hasta que se expida la Cámara de Apelaciones y Garantías (un par de semanas), Cáceres seguirá en su casa contabilizando tiempo para descontar de una futura pena.

“La familia de González antes de solicitar la excarcelación recibió un asesoramiento sobre los riesgos que implican tener a un imputado de homicidio simple en libertad. La posibilidad de que en algún momento no se ponga a derecho, que cuando se acerque el juicio no pueda ser localizado o que directamente pase a ser técnicamente un prófugo. Pero las víctimas asumieron el riesgo, algo que demuestra cierto tipo de fragilidad en la idea de la prisión preventiva con arresto domiciliario para ciertos casos”, concluyó la fuente consultada.