Ex combatientes denunciarán mañana penalmente a la canciller Susana Malcorra por “incumplimiento de los deberes de funcionario público” en relación a la declaración conjunta firmada semanas atrás con el Reino Unido, en la que ambos gobiernos coincidieron en la necesidad de “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable” del archipiélago, como comercio, pesca, navegación e hidrocarburos.

La denuncia, que incluye también al secretario de Relaciones Exteriores, Carlos Foradori, será presentada mañana a las 11 por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) de La Plata en los tribunales de Comodoro Py, acompañada por una movilización de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.

“La política que está desarrollando el gobierno argentino sobre la cuestión Malvinas denota ineludiblemente un alineamiento para favorecer la iniciativa británica en el Atlántico Sur”, señalaron desde el Cecim, y agregaron que se trata de “un camino ya recorrido durante los años 90 que posibilitó al enclave neo-colonial-militar instalado en nuestras Islas Malvinas, y desarrollar cierto potencial de auto sustentabilidad basado en la explotación de los recursos naturales, especialmente en los ictícolas”.

Para los ex combatientes, “es necesario consolidar políticas de estado en la cuestión Malvinas” y sostuvieron que “el cambio de rumbo hacia caminos ya transitados nos llevara ineludiblemente a favorecer los intereses británicos”.

La declaración conjunta entre las cancillerías argentina y británica fue difundida el pasado 14 de septiembre como resultado de reuniones que Malcorra y Foradori mantuvieron con el vicecanciller británico Alan Duncan, quien llegó a Buenos Aires país para participar del Foro de Inversiones y Negocios que se desarrolló en el Centro Cultura Kirchner.

En el comunicado de diez puntos, ambos gobiernos acordaron dos escalas adicionales mensuales en territorio continental argentino, una en cada dirección, hacia las Islas Malvinas y coincidieron en la necesidad de “remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable” del archipiélago, como comercio, pesca, navegación e hidrocarburos, pero dejaron a un lado la cuestión sobre la soberanía de Malvinas.