El crecimiento exponencial de accidentes automovilisticos relacionados con el uso de smartphones empujó a las autoridades del estado de Nueva York (Estados Unidos) a estudiar la sanción de una ley que habilita el uso de una herramienta que determina el uso del celular al momento del incidente.

La nueva norma legalizará el uso, por parte de las autoridades, de un dispositivo bautizado como Textalyzer para determinar la actividad de los conductores involucrados en los choques, permitiendo generar rápidamente un reporte sobre cuales eran las apps activas en el smartphone y si se estaba utilizando algún modo “manos libres”.

Si el conductor rechazara ceder el dispositivo, se expondrá a penalidades que incluirán, entre otras cosas, la suspensión de la licencia de conducir.

Al respecto, uno de los impulsores del proyecto, el senador Mike Ranzenhofer, subrayó en declaraciones recogidas por Forbes, que el Textalyzer no tendría acceso a leer el contenido de los mensajes que se hubieran mandado o recibido mientras se conducía.

Sin embargo, Rashida Richardson de la New York Civil Liberties Union sostuvo que “no hay garantías que el dispositivo no sea capaz de escanear el teléfono sin recolectar información privada y, menos aún, sobre la exactitud del mismo para determinar qué se hacía durante el choque”.

De acuerdo con el proyecto, todo automovilista involucrado en un accidente o colisión que dañase a personas o propiedades, y que tuviera en su posesión un móvil o dispositivo electrónico, deberá dejarlo en manos de las autoridades para que se realice el test.

Tecnologías similares están siendo estudiadas en otros estados norteamericanos como una forma de reducir el número de incidentes viales y prácticas similares ya se encontrarían en uso por parte del FBI.

Mientras tanto, el uso de la tecnología avanza -para algunos analistas de forma peligrosa- en distintos campos de la aplicación de Justicia.

Como ejemplo, un ciudadano estadounidense apeló su condena a seis años de prisión porque parte de las pruebas en su contra fueron obtenidas a través de un software cuyos algoritmos secretos determinaron que tenía una tendencia a cometer delitos.

Eric Loomis, con antecedentes criminales por ataques sexuales, eludió un control policial en Wisconsin en 2013. Un juez falló en su contra y lo envió a prisión, tomando en cuenta que el hombre no pasó la evaluación “Compas”, que se realiza a través de un software creado por la empresa Northpointe Inc, que calcula la probabilidad de que alguien cometa otro delito y sugiere qué tipo de supervisión debe recibir el condenado en la cárcel.

En varios estados de ese país, la Justicia usa actualmente, al menos, una docena de sistemas algorítmicos de evaluación como el que se utilizó en el caso de Loomis, según una investigación publicada por el sitio de periodismo de investigación Pro Pública.