El freno a la ley de legalización del aborto en el Senado hizo que, hasta nuevo aviso, se atenuara la intensidad de la marea verde, pero no impidió que desde las mismas bases surgiera con fuerza y en poco tiempo una nueva oleada, identificada con el pañuelo naranja, que reclama la separación de la Iglesia del Estado.

Así es que ya no sorprende ver que los mismos manteros que vendían pañuelos verdes en los meses previos a la sesión del aborto en el Senado, ahora hayan incorporado ejemplares naranjas a su mercadería.

La Coalición Argentina por un Estado Laico (CAEL) se constituyó en 2009 y desde entonces viene trabajando con profundidad en varias iniciativas para divorciar a la Iglesia del Estado, como las apostasías colectivas, y propuestas legislativas para terminar con los privilegios y la influencia religiosa en ámbitos estatales.

La intensa discusión por el aborto legal, que dominó la agenda pública por meses, generó un nivel de apertura en la sociedad tal que permitió sacar estos debates del círculo cerrado en el que se restringía, al punto que varios diputados tomaron nota de la demanda y presentaron proyectos en esa línea.

En marzo pasado, cuando Macri ya había dado luz verde al debate por el aborto, la diputada de Evolución Radical, Carla Carrizo, le preguntó en el Congreso al jefe de Gabinete, Marcos Peña, cuánto dinero destinaba el Estado a los sueldos de los obispos.

La respuesta fue “130 millones de pesos”, y en los días siguientes varias iniciativas fueron presentadas en el Congreso para terminar con esos aportes.

Por caso, los diputados del PTS-Frente de Izquierda Nicolás del Caño ingresaron un proyecto para derogar las leyes, varias de ellas decretos de la última dictadura, que le otorgan a la Iglesia el derecho a percibir honorarios del Estado para financiar sus sueldos y actividades.

Luego el diputado radical Alejandro Echegaray propuso un proyecto similar para que el Estado no le pague más los salarios a la curia.

La pulseada de los llamados “dipulaicos” con la Iglesia sumó en estos días un capítulo adicional cuando cinco legisladores de Cambiemos, que protagonizan una interna declarada con integrantes “celestes” del interbloque oficialista, presentaron en la Cámara baja un proyecto que propone remover símbolos e imágenes religiosas de edificios y espacios públicos pertenecientes al Estado nacional.

La iniciativa, que contiene cinco artículos, es encabezada por la radical Karina Banfi y lleva también las firmas de Fernando Iglesias (PRO), Brenda Austin, Alejandro Echegaray y Facundo Suárez Lastra (UCR).

La norma otorga un plazo de 90 días desde la fecha de promulgación de la ley, quedando luego expresamente “prohibida” cualquier tipo de exhibición de esos símbolos religiosos.

Este proyecto podría llevarse puesto la réplica de la Virgen de Luján que la gestión de Julián Domínguez hizo colgar de una de las paredes laterales del Salón de Pasos Perdidos, por lo que el frente de batalla abarcaría inclusive la discusión de qué hacer con parte del mobiliario del Palacio Legislativo.

La presión para desmontar símbolos religiosos se está librando con mucha fuerza en ámbitos educativos: en la Universidad Nacional de Córdoba, una numerosa asamblea de estudiantes que tomaban la Facultad de Derecho votó de forma unánime la remoción de la Virgen al grito de “Iglesia y Estado, asunto separado”.

Del Caño y González Seligra presentaron días atrás otro proyecto de ley, en este caso para que el Congreso nacional declare laica a la educación pública, prohibiendo cualquier tipo de injerencia de la Iglesia.

Estos dos legisladores junto a la diputada porteña Myriam Bregman, también del PTS-FIT, impulsan una campaña de separación de la Iglesia del Estado en el sitio change.org que ya cuenta con más de 100.000 firmas.

Con este mar de fondo, el próximo 6 de septiembre se llevará a cabo en las dependencias de la Cámara de Diputados una audiencia pública por la separación de la Iglesia y el Estado en la que se espera una nutrida presencia de personalidades del ámbito de los Derechos Humanos y la cultura.

La presión que aplicó la Iglesia durante el proceso de debate del aborto legal provocó una grieta en la sociedad y ya empieza a mostrar efectos: en el último mes, 4.000 argentinos iniciaron los trámites de apostasía ante el Episcopado para desvincularse de la Iglesia Católica.