El exvicepresidente Amado Boudou fue aceptado como querellante en la causa por espionaje ilegal en la que se investigan, entre otras maniobras, tareas de inteligencia ilícitas desarrolladas en el Servicio Penitenciario Federal durante el Gobierno de Mauricio Macri.

La decisión fue adoptada por el juez federal de Lomas de Zamora, Juan Pablo Augé, quien también aceptó al exsecretario de Coordinación del ministerio de Planificación Federal, Roberto Baratta, y ambos serán escuchados el próximo viernes por la fiscalía, según confirmaron a Télam fuentes judiciales.

La aceptación de ambos ex funcionarios, representados por los abogados Alejandro Rúa y Graciana Peñafort, les permitirá acceder al material probatorio y proponer medidas de prueba de, lo que aseguran, fue el espionaje clandestino que padecieron durante su tiempo de encierro y, en el caso del exministro de Economía, también en los meses en los que estuvo en libertad.

Para los abogados, la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) aprovechó la detención del narcotraficante Mario Segovia para solicitar medidas de vigilancia por métodos audiovisuales que luego se tradujeron en espionaje a los empresarios y ex funcionarios que estuvieron detenidos en el penal de Ezeiza por causas como Ciccone o el expediente de los Cuadernos.

Cuando solicitaron ser tenidos como querellantes, los representantes de Boudou y Baratta, citaron la declaración de un testigo de identidad reservada en la causa del espionaje ilegal que dio cuenta de cómo se habría organizado la inteligencia clandestina en el penal de Ezeiza bajo el paraguas legal de vigilar a Segovia.

El testigo sostuvo que la AFI infiltró en el penal de Ezeiza celadores que “se encargaban de anotar toda la actividad que realizaran los internos que se encontraban siendo investigados por la justicia, los cuales eran Segovia y Medina, pero en realidad, su actividad se centraba respecto de los internos mencionados, como ser (Calros) Zannini, Boudou, (Daniel) Pérez Gadín, Jaime, Lázaro Báez”.

Entre otras medidas de prueba, Baratta insistirá con que sea citado a declarar como testigo su expsiquiatra Orlando Barrionuevo, quien dejó de atenderlo en marzo de 2018, porque -según relatan en el entorno del ex funcionario- había sufrido amenazas.

El miércoles próximo, en tanto, los abogados Rúa y Peñafort asistirán a una audiencia con los fiscales Santiago Eyherabide y Cecilia Incardona a través de la plataforma Zoom para relatar cómo fue el espionaje a los abogados de los exfuncionarios kirchneristas que estuvieron presos con prisión preventiva durante el gobierno de Macri.

Por cuerda paralela, también la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de Inteligencia del Congreso de la Nación avanzó esta semana con su propio análisis de lo que fue el espionaje en las cárceles cuando recibió el viernes el testimonio de Rúa quien expuso durante más de una hora, según pudo reconstruir esta agencia.

El abogado relató cómo fueron los días de Boudou en Ezeiza, sostuvo que en la primera etapa de su detención en 2018 (tras el veredicto del caso Ciccone) al ex presidente le tocó inaugurar el pabellón B del módulo 6 del penal de Ezeiza y que a su amigo José María Nuñez Carmona el pabellón A, a donde “movieron a Segovia”, para extender el espionaje sobre los recién llegados.

El abogado de Boudou también relató que 11 de diciembre de 2018 el ex vicepresidente fue excarcelado y que ese mismo día en uno de los grupos de chats de los espías investigados por la justicia la noticia fue informada por los agentes Jorge Sáez y Martín Terra a lo que el procesado ex jefe de Operaciones Especiales de la AFI, Alan Ruiz, les respondió: “Oks. vayamos monitoreando esto xfa”.

Según surge del expediente que tramita en la justicia federal de Lomas de Zamora, los espías lo siguieron a Boudou fuera de la cárcel y lo fotografiaron en un acto que compartió con el entonces concejal de Unidad Ciudadana en San Martin, Hernán Letcher.

Uno de los pasajes del testimonio de Rúa que más inquietud generó entre los legisladores que escucharon su exposición ante la bicameral fue el vinculado con el supuesto espionaje la líder de la organización Tupac Amaru, Milagro Sala, detenida en Jujuy desde enero de 2016.

Rúa afirmó que tenía información sobre conversaciones de agentes penitenciarios que confirmarían que ese espionaje abarcó, incluso, la visita recibida por Sala en 2017 por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para conocer sus condiciones de detención.