El fiscal general Daniel Adler comenzó este lunes la ronda de declaraciones testimoniales de los familiares de las 44 víctimas del hundimiento del Subarino ARA San Juan con vistas a determinar si fueron espiados por la AFI durante el gobierno de Mauricio Macri.

En el marco de la audiencia, que duró más de tres horas, se presentó a declarar como testigo la abogada Valeria Carreras, representante legal de un grupo de los damnificados, y se aportaron pruebas de las irregularidades en sus teléfonos celulares o redes sociales que sufrieron los familiares de los marinos mientras la agencia de inteligencia estuvo a cargo de Gustavo Arribas por decisión del ex Presidente.

“El silencio de los funcionarios de la Fiscalía Federal Nº 2 y de los colegas presentes evidenciaba la gravedad que se investiga. Hoy podemos decir que el Estado dejó de ser un enemigo de las víctimas“, sostuvo al finalizar la jornada. Según contó la profesional, el fiscal Adler la incluyó luego en el Programa de Protección y Contención a la Vïctima.

Entre otras pruebas, la querella aportó cinco constancias de denuncias por pinchaduras de líneas telefónicas, hackeos de casillas de correo electrónico, intromisión en redes sociales, junto con las presentaciones aportadas el  pasado 24 de septiembre en la Bicameral de Fiscalización de Servicios de Inteligencia y Juzgado Federal de Lomas de Zamora.

Además, señaló Carreras, se aportarán causas conexas impulsadas por la querella (cuatro más) y se exhibirá un caso de terrorismo psicológico sobre familiares. “Se pidieron verbalmente en la audiencia medidas de instrucción concretas como pedir la búsqueda de la totalidad de información que hubiera en AFI y en CIAT (Inteligencia Naval) y en Inteligencia del Ministerio Defensa”, concluyó la abogada.