LA PLATA
Corresponsal

La mitad de los adultos mayores del partido de General Pueyrredon es pobre. Así lo aseguró Carina Ponce, responsable del área Adultos Mayores de la Defensoría del Pueblo bonaerense.
En General Pueyrredon las personas de más de 60 años representan cerca del 20% de la población. “La mitad vive en hogares pobres”, dijo Ponce a LA CAPITAL.
Además, de los 135 mil jubilados que tiene el partido, actualmente hay 35 mil sin prestador designado por la obra social.
“Es decir que PAMI no les asigna un hospital o clínica al cual acudir; sólo les asigna un médico de cabecera y un oculista”, explicó Ponce, y agregó que “en casos graves o de internación, la persona tiene que volver a PAMI para que el organismo contrate una cápita extra y lo derive a algún centro de atención”.
En este contexto, hoy se ve con algo de esperanza la reapertura del ex sanatorio Emhsa -anunciada oficialmente para septiembre-, que aportaría unas 200 plazas para afiliados al PAMI.
“Ya estaban faltando camas”, aclaró Ponce, y señaló que la falta de lugares específicos para la atención de los adultos mayores no se originó “sólo por el cierre del ex Emhsa (ahora ?Eva Perón?); también el Sanatorio Belgrano había cerrado el servicio para cápitas de PAMI y el Regional no toma gente si no es cápita del hospital porque no tiene la capacidad para absorber a más personas”.

Recorte en los medicamentos

Desde su puesta en funcionamiento hace poco más de un mes, la delegación marplatense de la Defensoría del Pueblo ha recibido diversos reclamos y consultas vinculados a los recortes en la cobertura de los tratamientos de salud por parte del PAMI.
Vale recordar que en enero de este año las autoridades de la obra social de los jubilados argentinos emitió la Disposición Conjunta 0005/17 que recorta el acceso a los medicamentos, hasta ese momento garantizado en un 100%.
En la medida, el organismo estableció ciertas condiciones para obtener la cobertura total de los remedios, entre ellas: tener ingreso menor o igual a 1,5 haberes previsionales mínimos, no estar afiliado a ninguna prepaga y no poseer más de un inmueble ni un vehículo con menos de 10 años de antigüedad, entre otros.
Ponce consideró que con esta decisión, el gobierno nacional “está vulnerando el derecho de acceso a la salud”.
“Hay afiliados a PAMI que han cortado el tratamiento médico por no tener los medicamentos o no acceder a comprarlos”, aseguró, y destacó que en la actualidad hay cerca de 4 mil expedientes en trámite por este tema en la Defensoría.
“La tardanza de esos expedientes hace que por 2 ó 3 meses la gente no acceda a los medicamentos”, señaló.

Quita de prestaciones y falta de vacunas

Por otro lado, Ponce detalló que en la Defensoría también se reciben quejas referidas “a todas las resoluciones de achicamiento y quita de prestaciones domiciliarias de PAMI y a las complicaciones que surgen a la hora de pedir un traslado de urgencia”.
La titular del área Adultos Mayores denunció además que éste es el segundo año consecutivo que la obra social que preside Sergio Cassinotti -ex titular de IOMA del gobierno de María Eugenia Vidal- no envía la vacuna contra el neumococo a las farmacias.
“Es una vacuna que se debe reforzar cada 5 años: el operativo más grande se hizo hace 7 años, es decir que se debió haber vacunado en 2016, pero hasta el momento no se hizo”, precisó.
Finalmente, la delegación local del organismo que a nivel provincial conduce Guido Lorenzino ha recogido diversas consultas sobre la realización de trámites en Anses y el IPS y reclamos vinculados al cobro de haberes en determinados bancos.